Un joven marroquí, a punto de cumplir la mayoría de edad, lleva casi un año en el Materno sin documentación ni tutela.
26/02/2009 S.D.M.
Vive en un limbo legal desde que demostró judicialmente que era menor de edad. Es un niño pero no tiene ni tutores ni documentación, ni tampoco residencia. Su partida de nacimiento dice que vio la luz en agosto de1991 en Marruecos, aunque un dictamen de la Fiscalía de Menores de Asturias da por hecho que cumplirá los 18 años en marzo, fecha en la que tendrá que abandonar la unidad de primera acogida en la que reside e irse a la calle. Lo peor es que lleva 12 meses alojado en un centro del Principado solicitando a la Consejería de Bienestar Social que se haga cargo de él. Ha enviado cartas de su puño y letra y otras a través de SOS Racismo. Quedan apenas tres semanas para su mayoría de edad y no ha obtenido ninguna respuesta.
El dictamen de la Procuradora General del recomendaba a la Administración que agilizara el proceso de protección de estos menores, que incluye la acogida pese a que haya dudas sobre su edad, que la estancia máxima en una unidad de primera acogida sea de 45 días y que tramite su documentación y su residencia sin esperar a los nueve meses que como máximo fija la ley.
Sin embargo, ninguno de estos aspectos parece cumplirse en Asturias a la luz de este último caso de un menor marroquí, que responde a las iniciales A.A.. El lleva desde marzo del 2008, es decir hace 12 meses, en el Principado sin que se le haya facilitado ninguna documentación. Es más, sufrió un intento de repatriación, al considerar que era mayor de edad, que se frenó judicialmente gracias a la intervención de asociaciones de apoyo a los inmigrantes. Esta ayuda no le libró de pasar 40 días en un centro de internamiento en Valencia.
Con la premura de su inmediata mayoría de edad, impuesta por la fiscalía, porque insiste en que nació en el mes de agosto, A.A. sigue remitiendo escritos a Bienestar Social. El pasado 10 de febrero dirigió una carta al Instituto Asturiano de Infancia y Familias solicitando que el Gobierno regional asumiera su tutela, que le concediera una cartilla sanitaria, el pasaporte y la tarjeta de residencia temporal en España, además de su traslado a un centro adecuado, integrándole un programa de transición a la actividad de vida independiente. Díez días después, la presidenta de SOS Racismo, Carmen Prado, volvió a hacer lo mismo, exponiendo todo su caso. Prado recurrió también a la fiscalía. Nadie les ha contestado.
A pesar de las alabanzas que ha recibido el informe de la Procuradora, organizaciones como el Colectivo Social y Justicia creen que se ha quedado corto, ya que los problemas más graves se registraron en el 2008 y el estudio sólo analiza hasta el 2007. Así hablan de menores detenidos, esposados y abandonados, de ataques a los centros y de niños durmiendo en colchones.
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