martes, diciembre 23

El supuesto abuso a una prostituta tuvo lugar en el piso tutelado donde residían los jóvenes

Dos de los jóvenes marroquíes detenidos el pasado sábado como presuntos autores de la violación de una gijonesa, de 25 años, a la que uno de ellos había contratado para mantener relaciones sexuales, fueron trasladados ayer al Centro de Responsabilidad Penal de Menores ubicado en Sograndio (Oviedo), después de que declararan ante el fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla. El tercero de los acusados fue remitido al Juzgado de Instrucción de Gijón y el cuarto, quedó en libertad ya que, al parecer, no tomó parte en la agresión sexual.
Los acusados estaban bajo la tutela del Principado, por lo que la Fiscalía de Menores sostiene que «el responsable civil» es el Principado, según informa Europa Press, ya que los hechos se cometieron en un domicilio de acogida gestionado por una organización no gubernamental (ONG). Y es ése uno de los puntos que llaman la atención en este caso, sobre todo en lo referente a la falta de vigilancia.
Según indicó el propio fiscal a este periódico, «hechas las averiguaciones necesarias, pudimos comprobar que uno de los detenidos en realidad era mayor de edad. Este joven tenía tres identidades diferentes en España y ya había sido expulsado del país en una ocasión. Por ello, le remitimos al Juzgado de Instrucción».
En cuanto al cuarto de los implicados, «fue puesto en libertad, ya que de las declaraciones de los otros tres jóvenes se desprendía que no había estado implicado en los hechos». Los otros dos jóvenes marroquíes, cuya participación en la supuesta violación de la prostituta parece evidente, han sido trasladados al centro de menores de Sograndio, donde deberán permanecer internados a la espera de juicio.

Vida independiente

Jorge Fernández Caldevilla indicó que en dicho piso «se desarrolla un proyecto de vida independiente con educadores que supervisan a los jóvenes de vez en cuando. Como son adolescentes que están cerca de la mayoría de edad, han de tener una vida independiente. En ese lugar había más personas residiendo que los detenidos y tienen una vida totalmente normalizada, con un puesto de trabajo», añadió.
La realidad de este asunto es que no era la primera vez que los implicados en esta agresión sexual se metían en problemas, pues algunos de ellos «estaban fugados de otro centro de protección», indicó el fiscal de menores. La supuesta violación tuvo lugar el pasado sábado, cuando la mujer, de 25 años, fue contratada para realizar un servicio sexual a un joven varón a quien acompañó a su domicilio. Una vez allí fue obligada a mantener relaciones sexuales con varios muchachos más.
Cuando logró salir del domicilio, pidió ayuda a la Policía y fue trasladada a un centro sanitario con el fin de que se cumplieran los protocolos sanitarios sobre agresiones sexuales. Una vez comprobado por los facultativos que carecía de lesiones físicas graves, fue dada de alta.
Varias dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, de forma conjunta, se desplazaron hasta el citado domicilio, aunque los jóvenes se negaron a facilitar la entrada a los agentes, por lo que éstos tuvieron que emplear la fuerza.
En principio, se trasladó a la comisaría a todas las personas que se encontraban en la vivienda, pero, tras la correspondiente identificación por parte de la víctima, sólo se iniciaron diligencias sobre cuatro de ellos.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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