sábado, noviembre 8
Un plan para la competencia desleal
MARIO SUÁREZ DEL FUEYO DIRECTOR DEL COLEGIO JOVELLANOS El Gobierno de Asturias pretende implantar en la enseñanza el plan de seguimiento de la actividad profesional en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. Dicho plan pretende evaluar, calificar, premiar y cuantificar los objetivos individuales y colectivos de los centros educativos asturianos. Eso que puede resultar aparentemente aséptico y perfectamente vendible a la opinión público, raya en lo esperpéntico cuando se traduce a la cruda realidad, cuando uno de esos objetivos cuantificables es el de aumentar el número de aprobados. En cualquier caso, parece que este plan podría entrar dentro de la teoría economicista de la enseñanza y del neoliberalismo educativo; por ello creo que es necesario que el conjunto de docentes asturianos reflexionen sobre ello. Así, partiendo de la vida cotidiana del centro en el que trabajo diseño las siguientes pinceladas, por si pudieran servir de argumento a algún compañero y de reflexión a los responsables de las administraciones públicas:
1. El CP Jovellanos está inmerso en un importante número de proyectos educativos: nuevas tecnologías-Asturias en la red, apertura de centros, proyecto de bibliotecas escolares, programa bilingüe en 1º, 5º y 6º de Primaria, prácticas de Magisterio, programa de hermanamiento europeo e-Twining, educación para el desarrollo en colaboración con el IES El Rincón de las Palmas de Gran Canaria; proyecto de salud, proyecto de consumo responsable, weekend-camp para alumnos y alumnas de 5º de Primaria, el programa para Educación Infantil «Enseñar con cuentos»? Por ello, no puede caber ninguna duda de que en este centro hay un compromiso con la calidad de la enseñanza y una defensa de la escuela pública, que se manifiesta también por nuestra constancia en la lucha por la consecución de un colegio público de calidad en el centro de nuestra ciudad.
2. Todo estos proyectos los realizamos desde el campo de la cooperación, el trabajo en equipo y por una firme convicción de atender las necesidades del servicio público que representa la enseñanza.
3. En nuestra documentación, la programación general anual y en el contraste y evaluación de la misma a través de la memoria final de curso, están todos los elementos evaluables de nuestro trabajo. Estos proyectos son discutidos y avalados por la representación de las madres y de los padres y del personal de servicios en el marco del Consejo Escolar del centro.
4. El Servicio de Inspección tiene la misión de velar para se cumpla la legislación vigente y la de apoyar, ayudar y encauzar la tarea docente.
5. Los CPRS y el Servicio de Innovación Educativa tienen la obligación de apoyar y en su caso controlar su desarrollo los proyectos pedagógicos del centro.
Por todo lo anterior el denominado plan de seguimiento de la actividad profesional me parece sencillamente un plan burocrático y absurdo que, lejos de mejorar la calidad de la educación, ya está creando un malestar general, una desgana y una apatía difíciles de combatir.
Por último, señalar que educamos para la igualdad, para una sociedad más justa en el que la división social y cultural cada vez sea menor, hasta su desaparición. Este objetivo se compadece poco, o nada, con el sistema que se pretende imponer de sólo primar la competencia desleal y el individualismo.
La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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