«Cogió un extintor y amenazó con abrirme la cabeza. A mí y a mi compañera. Tuvimos que llamar a la Policía para que pusiera orden. Aún así, recibimos un baño de insultos y escupitajos. No fue la primera vez ni será la última. Desgraciadamente, esto pasa mucho».
Esta situación, narrada a EL COMERCIO por una trabajadora del Materno Infantil, sucedió el pasado 4 de octubre. Sin embargo, es «algo habitual» en el dispositivo que el Principado tiene habilitado en Oviedo como centro de primera acogida para menores de los que asume su tutela.
Según explicaron ayer los trabajadores, en la última semana se han producido tres agresiones más. Dos de ellas el pasado domingo. «Fue a dos compañeras. A una la golpearon y a la otra le pegaron una patada. Y todo porque les quitaron el disolvente que utilizan para drogarse».
La polémica que envuelve al Materno Infantil tiene su origen en su permanente estado de saturación, situación reconocida por la Consejería de Bienestar Social. Dotado con 16 plazas tiene, desde hace más de un año, más de una veintena de ocupantes. Ayer, el número de residentes era de 26, lo que supone una sobreocupación del 62%.
Esta masificación continua es la causa, explica la trabajadora agredida, «de que la conflictividad sea diaria, puesto que aquí, además de que están mucho más tiempo del debido, 45 días, se unen menores sin problemas con otros que tienen antecedentes delictivos y, también, problemas de toxicomanías y de salud mental. Es una mezcla explosiva que perjudica a todos».
De hecho, la toxicomanía de los menores fue el origen de las agresiones del pasado domingo «ya que fueron a por mis compañeras porque les requisaron los botes de disolvente que usan para drogarse. Todas las noches requisamos botes y calcetines húmedos (que usan para esnifar el disolvente), pero ese día, éstos se enfadaron mucho, porque ya venían colocados. Eran las nueve y media de la mañana y acababan de llegar tras pasar toda la noche de juerga. Su única intención era pasar el día en la cama esnifando disolvente. Al quitarles los botes, a una le pegaron una patada y a otra la golpearon. Ambas han presentado denuncia a la Policía».
Antecedentes por robo
Ella también denunció lo ocurrido, pero tiene pocas esperanzas de que prospere, «ya que, este mismo mes hemos visto como cuatro menores, a los que atraparon atracando a un hombre en plena calle, el juez no les envió a Sograndio, como pedía el fiscal, sino que nos los envió de nuevo. ¡Si nosotros no somos un centro de internamiento. Somos una casa de acogida!».
En Sograndio está ya el menor que intentó abrirle la cabeza a ella, pero no por su caso, sino porque «tenía antecedentes por robos con agresión y, después de atacarnos, testificó por otra causa». En su opinión, eso demuestra su teoría de que «nos ingresan aquí jóvenes con problemas de conducta que nosotras no podemos resolver. De hecho, él quiso abrirnos la cabeza porque a las 3.30 de la madrugada, les dijimos que, a esas horas, no podían estar siete en una habitación y, además, tiñéndose el pelo. Mientras todos iban a sus respectivas camas, uno de ellos se nos encaró y comenzó a insultarnos. La cosa se complicó de tal modo que el guardia de seguridad tuvo que intervenir cuando nos quiso pegar con el extintor».
Reunión del comité
Un extintor fue, también, protagonista este fin de semana, «cuando se produjo un incendio en el almacén,. lo que generó «más deterioro aún en las instalaciones».
Según fuentes de los trabajadores, faltan somieres, lo que lleva a algunos menores a dormir en colchonetas, los armarios están rotos y los actos vandálicos de los propios usuarios «tardan mucho tiempo en ser subsanados».
Ante esta situación denunciada por el personal, la
Consejería de Bienestar Social guarda silencio, mientras el comité de empresa, que ya había anunciado
movilizaciones, celebrará mañana una reunión (prevista con antelación), en la que pedirán detalles sobre los últimos acontecimientos.
Fuente:
ElComercio/Chelo Tuya
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