Sin control en el centro de menores

Agresiones, robos, amenazas y, como problema de fondo, el consumo de drogas inhalantes. Ése es el escenario en el que transcurre la jornada de los trabajadores de la unidad de primera acogida del centro Materno Infantil de Oviedo. La plantilla, secundada por el comité de empresa de Bienestar Social, responsabiliza de esta situación a la Consejería de Bienestar Social, que, en su opinión, ha dejado pasar la oportunidad de poner remedio a la masificación del centro, desoyendo las advertencias de los trabajadores. Las consecuencias, se quejan, las padecen tanto el personal del centro como los chavales acogidos en él, todos ellos sometidos al desorden y la inseguridad.

Ayer, los trabajadores se concentraron a las puertas del edificio, en el Parque de Invierno, para llamar la atención sobre sus exigencias, empezando por la reducción del número de muchachos alojados, que por ley no deberían superar los 16. Actualmente, y según varios educadores, conviven en el centro 27 muchachos. Excepto un español, todos son marroquíes, y en un futuro no lejano, auguran, llegarán muchachos de otras nacionalidades.

La plantilla del centro reclama a la Consejería de Bienestar Social «nuevos servicios y recursos de primera acogida», «soluciones a la situación de conflicto originada por algunos menores que insultan, amenazan y agreden al personal», y «que se agilice la toma de decisiones en relación a los menores tutelados». Sobre este último asunto, los profesionales del centro hacen notar que aunque el período de acogimiento no debe superar los 45 días, los adolescentes permanecen durante meses en él, y refieren el caso de un menor acogido, con adicción a los inhalantes, que espera una plaza en un centro específico desde hace 18 meses.

«Nuestro problema no es con los menores», afirma la presidenta del comité de empresa, Belén Quiroga, y añade: «Es la Consejería la que no cumple». La plantilla asume las dificultades del trato con adolescentes con problemas de desarraigo, actitudes violentas y adicciones, pero se declara incapaz de hacer frente al volumen de trabajo. Luis Manuel Rodríguez, educador de fin de semana de la unidad de acogida, insiste en que «los problemas los tenemos con la Consejería, que no pone medios, ni cumple sus propias leyes». En estos últimos años, continúa, el perfil de los chavales que llegan al centro ha cambiado. «Hay muchos chicos de la calle, que consumen inhalantes», indica, pero subraya que «para eso estamos preparados. Para lo que no lo estamos, y es lo que provoca el cansancio del personal, es para venir a trabajar con 10 chavales y encontrarnos con 26». Que él recuerde, el centro ha llegado a alojar a 31 adolescentes.

Resulta difícil organizar actividades de fin de semana para un grupo tan numeroso de chavales, cuenta, pero, aun así, lo consiguen, gracias a la colaboración de asociaciones de inmigrantes. «Ayer mismo (por el domingo), estuvimos jugando un partido de fútbol en Gijón», comenta.

Un alto porcentaje de acogidos está descontrolado por la adicción a las sustancias inhalantes, explican los trabajadores. La situación es dramática tanto para el personal del centro como para el resto de los muchachos, que, relatan, llegan a un lugar en el que no hay puertas en los aseos ni cortinas en las duchas. «No hay mesitas, los armarios no tienen barras, por seguridad, y la ropa se guarda en taquillas», sigue contando una compañera, que prefiere permanecer en el anonimato, por miedo, señala, a las represalias de la Consejería. Algunos muchachos, añade, pedían al personal del centro que guardara sus pertenencias, ante las amenazas de robo, pero, finalmente, los trabajadores han dejado de hacerlo. La misma trabajadora afirma que en las habitaciones, además de dos colchones con somier, suele haber otras dos camas hechas con mantas sobre el suelo, para dar cabida a todos los muchachos en las nueve habitaciones disponibles.

El personal se ve obligado a recurrir a la Policía varias veces por semana. Algunos chavales no admiten autoridad alguna, cuentan los trabajadores, y les agreden impunemente. La Fiscalía de Menores, añaden, está informada de la situación, pero cuando alguno de los chavales acaba en el Juzgado, vuelve a ser rebotado al centro por la falta de plazas en otras instituciones.

Los guardias de seguridad se sienten indefensos, los muchachos burlan la vigilancia, saltan y entran por las ventanas e introducen las sustancias que inhalan en el interior del edificio. «Los chavales se marchan sin decir nada, no admiten consejos, y cuando vuelven, no obedecen ninguna consigna», cuenta Toña Alonso, auxiliar de educadores en el turno de noche.

«La gente está muy angustiada, hay personas que salen llorando de trabajar», añade Belén Quiroga. Los cuadros de estrés abundan en una plantilla que está constituida por dos vigilantes, ocho educadores de semana, seis de fin de semana y seis auxiliares de noche, además del personal de limpieza. El problema no es de personal, reconocen. Lo que resulta imposible de asumir y manejar es la concentración de menores conflictivos, que, por ley, deberían ser menos de la mitad de los que hoy residen en el centro. «No hace falta más personal, lo que queremos son menos chavales», subrayan.

Para colmo, el desánimo ha cundido entre la plantilla tras el cierre de un dispositivo para menores habilitado en uno de los nuevos edificios que la Consejería de Bienestar Social tiene en el recinto del Fundoma, en Pando.

Fuente: LaNuevaEspaña/Elena Fernández Pello ( Foto: Nacho O.)