miércoles, agosto 13

Un juez paraliza la repatriación de dos menores inmigrantes


De momento, Yassin, un joven marroquí de 17 años que debía ser repatriado a su país, seguirá viviendo en el centro de acogida de El Bosc, tutelado por la Generalitat. Un juzgado de Barcelona paralizó su orden de repatriación y la de otro compatriota, y suspendió así, de forma cautelar, la resolución de la Subdelegación del Gobierno del 13 de mayo.

La decisión judicial se fundamente en la falta de un informe que explique quién podría hacerse cargo de los jóvenes en su país de acogida y porque, además, no queda constancia de que se haya escuchado la opinión de los afectados.

Los autos dictados por el juzgado contencioso número 8 de Barcelona ponen de relieve que la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència de la Generalitat (DGAIA) no ha acreditado los motivos para iniciar la repatriación en ambos casos, según informa la agencia Efe.

En uno de los textos hechos públicos ayer, relativos a Yassin B. – un menor marroquí de 17 años – , el juez se pregunta por qué «no se pudo localizar al menor» para poder conocer su opinión sobre la posibilidad de ser repatriado a Marruecos, cuando éste se encuentra «bajo control del centro de acogida de El Bosc», gestionado por la Generalitat .

Los hechos se remontan al pasado 13 de mayo de 2008, cuando la Subdelegación del Gobierno acordó la repatriación de los dos menores a su país de origen. Posteriormente, uno de los menores solicitó la suspensión urgente de dicha ejecución gracias a un recurso de súplica.

El juzgado, a través de un autode medidas cautelares, desestimó el recurso de súplica al considerar que no estaba acreditado que el menor estuviese en situación de expulsión inminente «y no se daban circunstancias de suficiente urgencia», informa Europa Press.

Escuchar al menor

Asimismo, se explicita que la disposición adicional primera apartado 12 de la ley sobre medidas de protección de menores desamparados y de la adopción prevé que para la adopción de cualquier medida tiene que escucharse al menor de más de 12 años y al de menos, si tiene suficiente conocimiento, un hecho que no se llevó a cabo, por el momento.

En esta misma línea, el auto añade que no se dispone del informe de los servicios de protección de menores ni datos sobre la identificació n del domicilio de la familia de origen o, en su defecto, de los servicios de protección de menores de su país que podrían hacerse cargo del joven o si se podría reincorporar a su núcleo familiar.El juzgado también alerta en el auto que no se ha acreditado que se hayan realizado las gestiones para localizar a los familiares de los menores.

Fuente:El Mundo

Más Info:Colectivo Drari

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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