miércoles, agosto 20

Un experto critica a las ONGs


“En grandes entidades del Tercer sector el personal directivo tiene unos sueldos millonarios mientras que quienes llevan sobre sus hombros lo más duro del trabajo cobran menos de 800 o 900 euros al mes”. El experto en Psicología del trabajo y el director de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Fernández Garrido, criticó el pasado 8 de agosto en la Universidad Internacional de Andalucía las desigualdades salariales de las Organizaciones No Gubernamentales.

De hecho, informó de que “el primer Convenio Nacional del Sector de Intervención Social ha sido impugnado” por algunas ONG “que consideran que salarios mensuales de 900 euros netos podrían ser generadores de amenaza de ruina para sus entidades”, y que en un estudio sobre las cuentas de algunas ONG por parte de la Fundación Lealtad, de la que Fernández Garrido fue presidente, “un 30 por ciento de las entidades” se negaron a presentar sus datos.

“La administración no debe generar trabajos precarios”

Fernández Garrido habló además de “una ética de la sociedad” y, afirmó que “la responsabilidad social corporativa de las empresas debe ser reconocida por las administraciones públicas y por las entidades del tercer sector”.

Por ello, opinó que las administraciones “no deben ser generadoras de trabajos precarios o con remuneraciones muy por debajo del salario que se pueda cobrar en el sector público".

En ese sentido, el experto en Relaciones Laborales aseguró que “en los programas de empleo de la administración, un 50 por ciento de los servicios son sostenidos a través de subcontratación”. Al hilo de lo que criticó que en la Comunidad de Madrid las personas que se emplean como orientadores en los servicios de empleo “trabajan nueve meses y tres están en paro”.

Más información:

I Convenio colectivo marco estatal de acción e intervención social
Fuente: Canalsolidario

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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