miércoles, agosto 20

Las ONG y Hacienda...


LUIS FERNANDO CRESPO ZORITA:


En los últimos años hemos asistido al nacimiento y la consolidación de ONG de toda índole, la inmensa mayoría relacionadas con la atención asistencial a colectivos marginados o en riesgo de exclusión social, dentro y fuera de nuestro país. Yo creo que el papel más adecuado a desempeñar, por este tipo de entidades, sería constituirse en herramientas ágiles para la participación comunitaria: formulando los problemas sociales y reclamando intervenciones públicas, efectivas y eficientes, para resolverlos.

Sin embargo, casi todas han acudido solícitas a cubrir las necesidades detectadas, asumiendo prestaciones que deberían ser, en la mayoría de los casos, servicios públicos. Se han hecho imprescindibles, saben que la actividad que desarrollan, aunque teóricamente no es lucrativa, sí tiene valor económico en el mercado de bienes y servicios; en el año 2006 movieron 1.077.814.543 euros. Poco a poco han aumentando su capacidad de influencia, y la de sus poderosos donantes, para movilizar determinados recursos públicos, y hacerlo de una manera muy concreta, debilitando al Estado social. Convencidos, sin ninguna prueba, de que su gestión es más rentable que el servicio público al que sustituyen.

Necesitan financiación, la obtienen de las formas más diversas, un 41,5% del ámbito privado, un 38,4% del sector público y un 20,1% de origen indeterminado. Nos piden que señalemos su casilla en la declaración de la renta, porque ellos son los nuevos gestores profesionales de la caridad, y no la Iglesia católica.

Dado el estado de cosas, las administraciones deberían reclamar criterios reales de transparencia y democracia interna, así como evidenciar el carácter no lucrativo de estas organizaciones, porque está comprobado que la "bondad" cansa.

Fuente: Tenemos algo en común..... todos somos diversos (Blog)

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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