miércoles, agosto 13

La concertada recibe 70 millones

Las administraciones educativas transfieren cada año 69,5 millones de euros a centros docentes privados en concepto de conciertos y subvenciones en Asturias, lo que representa el 11,8% de los fondos destinados a enseñanza no universitaria. El gasto público total de la Consejería de Educación y de la Administración central en el Principado se eleva a 850 millones de euros de los que 588,4 millones corresponden a las enseñanzas no universitarias. En todo el Estado, las administraciones educativas dedican anualmente cerca de 5.000 millones de euros a centros docentes privados en concepto de conciertos y subvenciones, lo que representa una media del 175 de lo que emplean en enseñanza no universitaria.

En términos relativos, el País Vasco es la comunidad que más dedica a conciertos y subvenciones, un 30,7% de su gasto en educación no universitaria, mientras que Extremadura es la que menos, un 7,8%. Así se deduce de los últimos datos provisionales publicados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), referidos a 2006. Ese año las consejerías autonómicas de Educación y el ministerio gastaron 36.930,8 millones de euros, de los que 27.669,3 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria y, dentro de esta partida, 4.726,4 millones fueron para conciertos y subvenciones. Un año antes la inversión en la educación concertada alcanzó los 4.353,1 millones de euros, según informa el Instituto de Evaluación, dependiente del MEPSYD.

Además del País Vasco (30,7), Cataluña y Madrid se encuentran por encima de la media de financiación de la enseñanza privada concertada, ambas con un 22,1% de sus respectivos gastos en educación no universitaria, seguidas por Navarra (21,9), Cantabria (20,4), Comunidad Valenciana (20,2) y Baleares (20,1). En el entorno de la media se colocan La Rioja (17,2) y Aragón (17,1) y, por debajo, Castilla y León (16,5), Murcia (14,1), Galicia (13), Andalucía (12,5), Asturias (11,8), Extremadura (8,6) y Castilla-La Mancha (8,3), aparte de Canarias (7,8). En términos absolutos, Cataluña y Madrid son las que más dedican a conciertos y subvenciones, 936 y 685,7 millones, respectivamente. Cada año, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fijan el importe mínimo del módulo económico por unidad escolar y nivel de enseñanza, que las comunidades pueden aumentar, y que se distribuye entre salarios del personal docente (incluidas las cargas sociales), gastos variables y otros.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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