domingo, julio 20
No a la finaciación de la represión Marroquí.
Tomando como disculpa la tragedia de la semana pasada en la que al menos 28 personas murieron en el Mar de Alborán, y señalando cínicamente a las mafias como responsables de todo, cuando la realidad es que la UE y España son agentes de empobrecimiento y por tanto verdaderos responsables de la huida de tantos africanos, la única medida que emprende el Gobierno Español es exigir al país vecino que nos evite esas tragedias, llevándolas lejos de nuestra costas y nuestra vista. Mucho nos recuerda este momento al citado por Amnistía Internacional en su informe ?España y Marruecos. Falla la protección de los derechos de las personas migrantes: Ceuta y Melilla un año después?, de octubre de 2006, cuando tras la muerte por disparos de tres inmigrantes en las vallas de Melilla el 3 de julio de 2006, días después el Gobierno Español dio al Gobierno Marroquí 10,5 millones de euros para mejorar los controles fronterizos, sin vincular esta concesión a la adopción de medidas en materia de derechos humanos.
La realidad de los inmigrantes subsaharianos en tránsito en Marruecos es dramática. La ley 02/03 es sumamente dura y represiva contra la inmigración subsahariana; pena tanto el transporte de quien no dispone de documentación, de modo que los medios de movilidad les están prohibidos, como la concesión de trabajo, con lo que no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida de una forma normalizada. El efecto que ha provocado esta legislación sobre la población civil es que, una sociedad como la marroquí antaño acogedora y solidaria, muestra cada vez más su recelo hacia estos inmigrantes y han proliferado las expresiones xenófobas. La persecución a la que están sometidos los inmigrantes por parte de la policía y los militares es extrema (recordamos que en Marruecos el grueso del control de la lucha contra la inmigración clandestina recae en las Fuerzas Armadas). Las detenciones son muy temidas, pues los testimonios de malos tratos en las comisarías son numerosos, y durante el tiempo de detención deben sobrevivir con un mendrugo de pan diario. Así mismo, los rechazos a frontera son también dramáticos, pues los inmigrantes son abandonados de noche en zona desértica fronteriza entre Marruecos y Argelia, con la amenaza de no volver atrás. Los militares argelinos hacen lo mismo por su parte, disparando al aire para disuadir a los inmigrantes de adentrarse en su territorio. En este juego macabro de pin-pon, muchos son los testimonios de todo tipo de violaciones e incluso desapariciones.
El 50% de la ayuda al desarrollo que recibe Marruecos viene de la UE. Es el primer benficiario de la ayuda al desarrollo española. Anteriormente estas ayudas habían estado centradas en la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente en la mejora del acceso a la sanidad materna e infantil, el acceso al agua potable y los saneamientos, así como a la mejora de la infraestrutura educativa, de comunicación y al crecimiento de las empresas. A partir del 2001-2002, el tono cambia: en los documentos españoles aparece explícitamente la subordinación de estas ayudas a los objetivos anti-migratorios. Este es un ejemplo claro de lo que supone la externalización de fronteras.
Tener voluntad de hacer algo para que dramas insoportables como los vividos estos días no vuelvan a repetirse, es preocuparse por las condiciones de vida de los inmigrantes subsaharianos en tránsito en Marruecos, condicionar toda ayuda al respeto estricto de los derechos humanos, e instar sin dilación a la investigación de todo atropello de los mismos, como fue el gravísimo caso del hundimiento de una zodiac en Alhucemas la noche del 28 de abril, en el que estaban involucrados efectivos de la marina marroquí.
No sirve situar siempre el horizonte de solución en el desarrollo económico de los países de salida, pues esta condición sine qua non es a largo plazo, y hay que posibilitar, por justicia y por humanidad, una salida a esta generación actual de subsaharianos que ya está en camino y no tienen más vida que ésta. La justicia pasa de inmediato por la adopción de unos flujos más flexibles y solidarios, que permitan una esperanza a la generación actual, y por el condicionamiento de toda relación bilateral al respeto escrupuloso de los derechos humanos..
Fuente: APDHA
La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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