jueves, julio 3

La CSI denuncia un presunto caso de ´mobbing´ en una guardería


La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) denunció ayer la situación de acoso laboral que sufrió una trabajadora, auxiliar de puericultura, del Jardín de Infancia de Pumarín por parte de la directora del centro. Según el sindicato, debido al acoso, la mujer tiene reconocida una incapacidad absoluta para todo trabajo así como una grado de minusvalía del 47%. Además, afirman que la persecución laboral "está acreditada" a través de diversas sentencias judiciales, informes médicos y resoluciones administrativas. Entre estas últimas, se encuentran resoluciones de la propia Seguridad Social y de la Consejería de Bienestar Social.

Los hechos, según expusieron ayer los representantes sindicales, arrancaron el año 2001 "con un continuo menosprecio" por las labores desempeñadas por la trabajadora, cambio de funciones de forma arbitraria y "humillaciones delante de sus compañeras", según afirma el sindicato. Esta situación, continúa la denuncia de la CSI, provocó en la mujer una depresión reactiva a conflicto laboral. Las sentencias judiciales asocian este cuadro médico al mobbing o acoso laboral, calificándolo de accidente de trabajo. El sindicato dice tener constancia de que otra trabajadora del Jardín de infancia de Pumarín está sufriendo un acoso similar al de la denunciante por lo que se encuentra en un momento de incapacidad temporal.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la CSI ha solicitado a la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, "el cese inmediato" de la directora del centro así como la apertura de un expediente informativo y disciplinario. Asimismo, el sindicato criticó "la pasividad" de la Consejería ante estas situaciones "continuadas en el tiempo y cuyo conocimiento costa a lo largo de estos años". Por último, la Corriente Sindical de izquierda manifestó su oposición "frontal" a que los puestos de directores de centros sean de libre designación, "saltándose una forma de provisión por concurso".

Fuente:lavozdeasturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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