El Gobierno autonómico reconoció ayer que la aportación del Estado para costear el despegue de la ley de dependencia en Asturias resulta claramente insuficiente. Así lo indicó Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social. Rodríguez compareció ayer tras la celebración, el miércoles, del Consejo Interterritorial de la Dependencia. La titular de Bienestar reclamó a la Administración central 20 millones extra de financiación para poder sufragar los gastos derivados de la aplicación de la norma estatal. La consejera indicó que, según las estimaciones de su departamento, el coste de la implantación de la norma ascenderá a 110 millones de euros durante este año. La ley prevé en sus mecanismos de financiación el pago de las obligaciones generadas a partes iguales entre las administraciones central y autonómica. Sin embargo, el Estado, hasta ahora sólo tiene previsto abonar 34,9 millones de euros. Así pues, el Gobierno autonómico considera su deber reclamar al Ejecutivo de Zapatero el pago de los 20 millones de euros restantes.
La consejera de Bienestar Social manifestó que la ley de la dependencia tiene dos vías de financiación estatal. De un lado, el Gobierno central aporta una cantidad por persona protegida que depende del nivel y grado de dependencia. Asturias espera recibir al finalizar el año, por este concepto, en torno a los 26,9 millones de euros. De otro lado, la Administración estatal pacta a su vez con cada comunidad autónoma una cantidad extra que, para el caso de Asturias, asciende a ocho millones de euros más. La suma de ambos conceptos, con todo, se queda muy lejos de las necesidades del Principado, que prevé destinar cerca de 110 millones este año al sistema de dependencia, casi la mitad del presupuesto de la consejería. La titular de Bienestar manifestó que existe voluntad por parte del Gobierno central por resolver la situación e indicó que el desfase entre lo recibido y lo necesario se explica porque la estimación de los potenciales beneficiarios, recogida en el libro blanco, se ha quedado corta. De hecho y por poner un ejemplo, Asturias cuenta con 10.000 personas en situación de gran dependencia cuando la previsión inicial era de 6.700.MÁS INFORMACIÓN:
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