domingo, junio 15

Más de 2.300 ancianos asturianos sufren malos tratos de sus familiares

El maltrato a las personas mayores en el ámbito familiar continúa siendo en España, y Asturias no es una excepción, un fenómeno casi invisible. Una investigación llevada a cabo por el Centro Reina Sofía, hecha pública ayer, ha puesto ahora cifras a este problema. Algo más de 2.355 asturianos mayores de 65 años, el 1% de este segmento de la población en el Principado, son víctimas de algún tipo de maltrato en el seno de sus propias familias. La cifra es todavía más preocupante para el conjunto de España. En todo el país, cerca de 60.000 personas mayores son maltratadas por sus propias familias, fundamentalmente por sus parejas o por sus hijos.

La investigación realizada por el Centro Reina Sofía es, por las dimensiones de la muestra estudiada, más de 2.400 encuestas en toda España a mayores de 65 años, el primer trabajo a escala nacional que recopila datos globales sobre este tipo de maltrato. El estudio, o casi mejor los estudios, ha analizado este fenómeno desde dos perspectivas diferentes. De un lado, a través de las experiencias de las propias víctimas, las personas mayores. Y de otro, mediante la opinión de sus cuidadores. Los resultados obtenidos en ambas encuestas, aunque van en la misma dirección, no son totalmente equivalentes. La primera conclusión, y quizá la más sorprendente, es que los cuidadores familiares reconocen más abiertamente el maltrato que las propias personas mayores.

Aproximadamente uno de cada cien mayores de 65 años, aproximadamente 2.355 en Asturias, ha sido víctima del maltrato en el seno de su familia durante 2005. Este porcentaje del 1% se duplica entre las personas en situación de dependencia y se cuadruplica entre las que presentan un grado más grave de pérdida de la propia autonomía personal, aquellas que necesitan ayuda al menos cinco horas al día. Además, cerca de cinco de cada cien cuidadores reconoce haber maltratado a la persona mayor a su cargo en alguna ocasión. En este caso, por la propia consideración de la muestra, todas las víctimas de este tipo de maltrato son personas en situación de dependencia.

El estudio analiza también los diferentes tipos de maltrato, desde el físico al psicológico, pasando por el abuso sexual, el económico o la neglicencia. Víctimas y cuidadores coinciden, según los resultados de la encuesta, en que el maltrato psicológico es uno de los que presenta mayor prevalencia. Los tipos de maltrato en los que se detecta mayor diferencia entre la información aportada por las propias víctimas o por sus cuidadores son el físico y el abuso económico. En ambos casos, la tasa informada por los cuidadores es nueve veces mayor, para el conjunto del Estado, que la que aportan las víctimas. La dependencia, de nuevo aquí, parece ser un factor de riesgo con especial peso en el abuso económico, toda vez que entre las personas mayores dependientes, los datos son extrapolables a Asturias, la tasa de este tipo de maltrato aumenta desde el 0,2% hasta el 0,9% y supera incluso la tasa de negligencia o maltrato psicológico que dicen sufrir las personas mayores con dependencia.

Fuente: PZ/lavozdeasturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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