Las múltiples reformas del Código de entrada y estancia de los extranjeros y personas que piden asilo político (Ceseda), más allá de los meros atentados a los derechos fundamentales que representan, son tremendos instrumentos de presión sobre los trabajadores emigrantes en aras de la patronal y de los intereses económicos nacionales. En suma, una verdadera « Inmigración elegida » sobre bases puramente utilitaristas. Cada vez más, es un paso hacia un orden con seguridad policial, hacia una sociedad donde el trabajador debe inclinarse ante el patrón, donde el costo del trabajo se acerca a cero, sociedad en que la precariedad es la regla común para todos.Los extranjeros son contemplados por los poderes públicos como simple mano de obra. Se les ve, de acuerdo a las necesidades, como responsables del desempleo o absolutamente útiles al esfuerzo nacional, todo depende de la coyuntura económica y social, y de los políticos. Los objetivos de las diferentes reformas son claramente enunciadas: establecer una inmigración seleccionada en función de las necesidades de mano de obra, alineando la duración de la estancia con la del contrato de trabajo, siendo otorgadas las autorizaciones de trabajo en función del nivel de calificación y del sector de empleo.
Además, desde hace años, no pocos trabajadores emigrantes sin papeles se vienen empleando en sectores laborales que no se pueden deslocalizar: restauración, hotelería, construcción, limpieza y trabajo doméstico. La situación de esos trabajadores es difícil. Además de la expulsión del territorio nacional, que enfrentan cada día, sufren de condiciones laborales desastrosas, en violación con todos los derechos a los que pueden aspirar. Esos trabajadores están sub pagados - cuando lo son - y no se benefician de ningún seguro social ni garantía de empleo.
Desde hace varias semanas, determinados trabajadores emigrantes, en base a una reivindicación sencilla: un empleo = una autorización de estancia, han decidido empezar luchas en su lugar de trabajo. La huelga es uno de sus pocos recursos de afirmación de sus derechos, si bien saben perfectamente que se exponen a expulsiones del país.
Desde el inicio de esta lucha, unos 1 000 expedientes de asalariados sin papeles fueron presentados en las “préfectures” [representaciones regionales del Gobierno y muy pocos, hasta ahora, consiguieron un vale de estancia de tres meses. Son avances irrisorios. Esta regularización precaria sólo concierne de momento los asalariados. Ignora a los emigrantes como personas con derecho: familiares, casos de incapacidad de tener un empleo, jóvenes, enfermos, ancianas …
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Secr. de RR.II. CNT Francia http://www.cnt-f.org/



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