miércoles, abril 9

Los menores magrebies son discriminados por las autoridades .

Cada vez son más. Niños, menores de 18 años, que se encuentran fuera de su nación de origen y alejados de sus padres. Tienen una edad media de 16 años y sus principales países de destino son Holanda, Bélgica, Italia, Francia y España. Llegan a nuestras fronteras aprovechando los bajos de los camiones y autobuses y a Asturias, procedentes de centros de acogida de otras comunidades. Buscan papeles , documentación española, permiso de residencia y formación y empleo para poder enviar dinero a sus familias. Son lo que la jerga administrativa ha dado en llamar Menores Extranjeros no Acompañados, más conocidos como Menas. Asturias no ha escapado a este fenómeno que ha pillado a contrapié a la Administración autonómica.

Un informe, elaborado por la coordinación de la Unidad de Primera Acogida, puerta de entrada de los Menas a Asturias, recoge la actividad de este recurso de protección de la infancia, ubicado en el Centro Materno Infantil de Oviedo, entre enero de 2000 y 31 de octubre de 2007. Tres factores sorprenden del análisis realizado por el coordinador de la unidad, más si cabe porque el Instituto de Infancia, de quien depende este recursos asistencial, no ha sido capaz de darles solución. El primero es el imparable incremento del número de menores extranjeros acogidos en Asturias. La cifra, pese a ser todavía discreta, revela que la llegada de estos adolescentes se ha disparado a partir de 2006. Una visión retrospectiva indica que el número de ingresos en la unidad de primera acogida de estos chicos ha pasado de apenas dos en 2000 a 64 hasta octubre de 2007. El total en este periodo, establecidas las oportunas correcciones, ha sido de 144.

La amplísima mayoría de estos menores --y esto conecta con el segundo y tercer punto del informe-- es de origen marroquí. El trabajo, al que ha tenido acceso este periódico, denuncia con dureza el trato que reciben estos menores con respecto a los de otras nacionali- dades. El informe demuestra que pasan más tiempo que otros en la unidad, diseñada para que estén sólo 45 días, y revela, además, que son trasladados mayoritariamente a centros de acogida concertados y no a los públicos. La investigación sostiene que sería deseable pensar que estas diferencias obedecen a una coyuntura particular; no obstante, el intervalo del estudio, de seis años y diez meses, refuta esta hipótesis. "Se están produciendo tratos discriminatorios", subraya el informe.

El coordinador de la unidad concluye que la concentración de muchos menores disminuye notablemente el proceso de integración, potencia la incomunicación entre colectivos, aumenta las fricciones, favorece la aparición ancestral del miedo al otro y hace surgir en la comunidad social y a su alrededor sentimientos como el racismo o la xenofobia. El trabajo apunta que estas situaciones han sido favorecidas "con absoluto descaro y encono por la Administración" y toleradas por instituciones como el letrado defensor del menor, la fiscalía o la procuradora general.

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Fuente: La Voz/PZ

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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