viernes, abril 11

España, a la cola de Europa en la lucha contra el racismo y la xenofobia

Al Gobierno español se le ha pasado por alto firmar al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y gitanos. Tampoco se ha ocupado de publicar datos oficiales sobre denuncias de delitos racistas, como sí hace la inmensa mayoría de los estados miembros de la UE. Como consecuencia de esta "desgana" gubernamental en la prevención de la xenofobia, persisten las agresiones por parte de grupos racistas a todo aquel que les parezca diferente. Tampoco ha habido un cambio de mentalidad en la mayoría de la población española, que sigue asociando a los extranjeros con la delincuencia.

Todos estos reproches están recogidos en el informe "Entre la desgana y la invisibilidad", de Amnistía Internacional (AI). El texto acaba de ser presentado en una rueda de prensa y con él, la organización pretende sacar al Estado español del letargo en el que, según afirman, está sumido en materia de no discriminación.

Los incidentes racistas, invisibles

AI proporciona un alud de datos para provocar el sonrojo del Ejecutivo. El mayor reproche es el referido a la invisibilidad de las agresiones y los comportamientos racistas por culpa de la falta de diligencia de las autoridades. AI cita el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia), que habla de más de 4.000 agresiones anuales de grupos racistas a inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas. Todo esto, sin que la administración se preocupe de elaborar un registro de datos sobre este tipo de incidentes

"La ausencia de órganos independientes de investigación", señala la organización en uno de sus documentos, "muestra la falta de voluntad política para conocer su dimensión". En todo el año 2006, concluye AI, no se ha impuesto ni una sola sanción por casos de discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España. Otro de los motivos de preocupación es la persistencia del miedo a lo diferente en la mentalidad de gran parte de la población. AI usa datos del CIS y otros organismos para afirmar que a 4 de cada 10 españoles les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana, o que seis de cada diez asocian de algún modo la delincuencia con la inmigración.

Tratados pasados por alto

Amnistía reconoce que los Gobiernos españoles han hecho algunas cosas bien en los últimos años, como la creación en 2003 del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, si bien afirman que este organismo no ha hecho lo suficiente para dar visibilidad a este tipo de asuntos. AI considera que pesa mucho más en la balanza las omisiones de la administración española, como la de haber permitido que nuestro país esté entre los únicos 10 estados que no han ratificado el Convenido Europeo contra la trata de seres humanos.

Amnistía no sólo ataca a los dirigentes españoles. Además, se ceba con la Justicia. Afirma que "apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación con un componente racista" y que la razón de esta escasez es el miedo de los inmigrantes a expulsiones o represalias. La organización recuerda que todas estas carencias se producen en una sociedad especialmente necesitada de prevención del racismo, porque alberga una importante comunidad gitana que tradicionalmente ha sido marginada y una creciente inmigración. Como solución, Amnistía propone un Plan integral para combatir todas las formas de racismo, que ya estaba previsto en el programa electoral del PSOE, el partido que actualmente ocupa el Gobierno. Para más datos y propuestas, se puede consultar aquí el informe completo.

Fuente: Diario Público

SOS-2007 sobre MINAs en Asturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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