sábado, marzo 15

INFORME DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR 2007


El informe que anualmente hacemos la APDHA acerca de los “Derechos Humanos en la Frontera Sur”, se ha convertido modestamente en un trabajo de referencia para muchos medios y analistas y para muchas organizaciones sociales interesadas en la cuestión migratoria.
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Según los datos del « Balance de la lucha contra la inmigración irregular 2007 » presentado por el Ministerio del Interior, el Estado español repatrió a 55.938 inmigrantes en situación irregular a lo largo de 2007, lo que representaría una cifra 6% más elevada que la de 2006, frente a una menor llegada de inmigrantes por medio de embarcaciones, 18.057 lo que significa un descenso frente a 2006 del 53,9%.

Lo cierto es que los datos de detenciones son superiores si nos referimos a las personas detenidas en las propias costas africanas, que han superado las 12.000

Si tomamos en cuenta estos datos, el descenso de personas detenidas en embarcaciones apenas ha superado el 30%

En todo caso, se trata de unos datos presentados de forma “triunfalista” por el gobierno, para mostrar en año electoral la eficacia de su política de “regulación de los flujos migratorios”, de forma que la inmigración sea “cada vez más ordenada”. Pero, con este enfoque lo que se consigue es orientar el debate migratorio hacia una problemática de orden público, presentando a los migrantes como un problema de seguridad, de desbordamiento de las fronteras españolas y por ende europeas.

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Según los datos del « Balance de la lucha contra la inmigración irregular 2007 » presentado por el Ministerio del Interior, el Estado español repatrió a 55.938 inmigrantes en situación irregular a lo largo de 2007, lo que representaría una cifra 6% más elevada que la de 2006, frente a una menor llegada de inmigrantes por medio de embarcaciones, 18.057 lo que significa un descenso frente a 2006 del 53,9%.

Lo cierto es que los datos de detenciones son superiores si nos referimos a las personas detenidas en las propias costas africanas, que han superado las 12.000

Si tomamos en cuenta estos datos, el descenso de personas detenidas en embarcaciones apenas ha superado el 30%

En todo caso, se trata de unos datos presentados de forma “triunfalista” por el gobierno, para mostrar en año electoral la eficacia de su política de “regulación de los flujos migratorios”, de forma que la inmigración sea “cada vez más ordenada”. Pero, con este enfoque lo que se consigue es orientar el debate migratorio hacia una problemática de orden público, presentando a los migrantes como un problema de seguridad, de desbordamiento de las fronteras españolas y por ende europeas.


Y que continúa:

Porque sólo en los dos primeros meses de 2008 ya han perdido la vida 89 personas (6 en las costas canarias, 13 en las gaditanas, 1 persona en Ceuta, otra en Argelia y 68 en las costas del Sahara y de Marruecos), frente a las doce en el mismo período de 2007.

Han llegado a las costas españolas en estos dos primeros meses de 2008, 2.096 inmigrantes (624 en la costa andaluza, 43 a Baleares, 113 a Murcia y 1.316 a las costas canarias), una cifra que estimamos similar a la del año pasado.

Creemos, como por desgracia estamos empezando a comprobar en estos datos de los dos primeros meses del año, que no sería descartable una reactivación de la emigración clandestina hacia las costas andaluzas, vistas las travesías más largas y dificultosas de otras rutas, por el despliegue del Frontex incluso en las costas de los países de origen, o por el renovado flujo migratorio procedente de Marruecos y Argelia.

Pero tantas muertes no son consideradas insoportables por el Gobierno español y por la Unión Europea. Parecen pensar que se trata de un “daño colateral” inevitable de sus políticas migratorias de control, en las que la implicación Europea a través del FRONTEX ha jugado un papel Estrecha con inversiones millonarias

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Se ponen en juego las vidas humanas. Ya hemos hablado de las escalofriantes cifras de muertos entre las personas que se dirigen a España. Pero el incremento del control de fronteras busca otras salidas con más muertos y tragedias. La organización Fortress Europa, a través de un seguimiento de prensa, ha llegado a contabilizar durante el 2007 551 muertos en el canal de Sicilia, 257 en el mar Egeo y 177 en toras fronteras.

Y como resultado, como consecuencia. La mayor vigilancia, el control, los acuerdos impuestos a países terceros, no tienen como consecuencia una inmigración ordenada, sino una inmigración más clandestinizada, con más sufrimiento y más muertes, más ruptura de la legalidad internacional y más violación de derechos humanos.

¿Por dónde caminar?

Tras la derrota electoral del PP, cuyas propuestas en el ámbito de las migraciones sólo podíamos calificarlas de profundamente xenófobas, nos gustaría que se produjera un verdadero cambio de rumbo en la orientación y en la gestión de las migraciones por parte del gobierno del PSOE, aprovechando su triunfo electoral

Pero honestamente no tenemos demasiada confianza en ello. (.........)

Por ello plantearíamos al gobierno del PSOE que se va a formar tras las elecciones:

  • Que en un nuevo diseño de la política migratoria sea capaz de acudir al análisis de las causas de la migración forzada, descritas en ese informe, y compruebe que existen responsabilidades en ello por parte de España y de la Unión Europea. .......

  • Creemos profundamente injusta y violentadora de derechos humanos esta política llevada por el gobierno en relación los flujos migratorios. Muy en particular el condicionar de forma inmoral la ayuda al desarrollo y la cooperación a la lucha contra la inmigración clandestina.
  • Independientemente de la legitimidad de los estados para controlar las fronteras propias, lo cierto es que el respeto escrupuloso de los derechos humanos de aquellos que intentar entrar, debe estar por encima del propio control de fronteras (acogida digna, derecho a la asistencia jurídica y a intérprete, etc.…). Y esto no se está haciendo de forma consecuente. Como tampoco se están respetando cabalmente derechos humanos esenciales como el derecho al asilo o el derecho a vivir en familia o el derecho de los menores a recibir protección.
  • En este sentido pedimos que se reconsidere en profundidad el papel de los Centros de Internamiento, incluso su cierre, que ya en nuestro informe respecto a 2006 destacábamos como marcos opacos de violación de derechos humanos............
  • En el terreno de la legislación internacional pedimos al nuevo gobierno que España ratifique cuanto antes el protocolo 4º de Derechos Humanos de la UE, en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes. Del mismo modo que es urgente la firma aún no realizada de la Convención Internacional de Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de Naciones Unidas.
  • Creemos que en la nueva legislatura debería plantearse la modificación en profundidad del actual marco jurídico, o dicho de otra forma cambiar en de raiz la actual Ley de Extranjería, que permita reconsiderar la actual política de visados, cupos, sistemas de entrada y regularización…. Sin estos cambios normativos resulta imposible pensar en flexibilizar la gestión de los flujos.
  • Una flexibilización de los flujos con cauces concretos que permitan la emigración regular desde África a Europa. África tiene que ser incorporada a los procesos migratorios hacia Europa, dando salida a las generaciones, a esa franja de personas entre quince y treinta y cinco años que tiene muy interiorizada la voluntad de fugarse. ..... LEER TODO EL INFORME DEL 2007
Fuente: APDHA

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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