domingo, marzo 23

En el Día Internacional contra la Discriminación Racial.



Movimiento contra la Intolerancia anima a la sociedad española a erradicar la Xenofobia; reclama al Gobierno una Fiscalía Especial contra los Crímenes de Odio, y a los partidos políticos, una Ley de Igualdad de Trato que ampare y otorgue residencia permanente a las víctimas del racismo e intolerancia.

El 21 de marzo es una jornada instituida por Naciones Unidas en recuerdo de los trágicos sucesos de Sharpeville ( Sudáfrica.1960), donde una matanza racial conmocionó al mundo, abriendo el camino para adoptar la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (1966).

En España, aunque hemos avanzado normativamente, el problema de la xenofobia avanza. Los prejuicios discriminatorios sobre la inmigración se extienden y consolidan socialmente. Aparecen discursos políticos contaminados de intolerancia hacia la diversidad migratoria, religiosa, cultural y lingüística. Emergen conductas en miembros de la fuerzas de seguridad de abusos y maltrato. Se celebran y autorizan manifestaciones xenófobas. Internet recibe decenas de webs, blogs y foros, originados en España, que promueven el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el neofascismo y la homofobia. Y los fondos ultras de los campos de fútbol, pese a una Ley que lo prohíbe, siguen siendo el vivero de la intolerancia.

En ese contexto de avance de la Xenofobia durante el último año, Movimiento contra la Intolerancia ha detectado en el pasado año la realización de 23 conciertos racistas sumergidos, la extensión a todas las regiones españolas y el crecimiento de los grupos neonazis, el aumento de la agitación contra la inmigración por grupos políticos extremistas y la persistencia de sucesos, incidentes y agresiones, motivados por el odio racial e ideológico, contra inmigrantes y ong de apoyo, que estimamos en varios millares .

En este Día Internacional, Movimiento contra la Intolerancia anima a la sociedad a erradicar los comportamientos de xenofobia haciendo prevalecer los Derechos Humanos; considera la actuación institucional insuficiente y reclama una Fiscalía Especial para perseguir de oficio los crímenes de odio y delitos de intolerancia, que hoy por hoy, gozan de cierta impunidad latente, y pide a los partidos políticos, en la nueva legislatura, una Ley de Igualdad de Trato que proteja los derechos de personas y colectivos afectados por discriminación, por violencia y otros tratos degradantes de intolerancia, reforzando su dignidad y respeto como seres humanos. Esta Ley debe otorgar la residencia permanente a aquellos inmigrantes que hayan sido víctimas de una agresión xenófoba, y debe amparar a las ongs que les apoyan, también víctimas de agresiones, como mensaje inequívoco de solidaridad y amparo social frente a quienes practican esta intolerancia criminal.


Declaración Común de organismos de la OSCE, Consejo de Europa y Unión Europea. Llamamiento a los Partidos Políticos para que luchen contra el Racismo y la Intolerancia.


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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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