Todos coinciden en el diagnóstico sobre la aplicación de la ley de Dependencia: demasiadas expectativas y, como consecuencia, frustración ciudadana. Asturias, dijeron, atendería en 2007 a los grandes dependientes, entre 6.000 y 7.000. La realidad es que, hoy por hoy, sólo 3.990 han recibido de la Consejería de Bienestar Social su plan individualizado de atención (PIA), es decir, la ayuda que se considera más adecuada para el solicitante. Y, hasta el momento, la mayoría de estos ciudadanos están recibiendo prestaciones económicas vinculadas al cuidado familiar, cuando ésta era casi una excepción en la norma aprobada. Por si el retraso no fuera suficiente, las previsiones económicas no son halagüeñas. La ley obliga al Estado y a las comunidades autónomas a aportar idéntica cantidad anual -en 2007, Asturias sumó en total 28 millones-, pero la previsión estatal de este año, unos 27 millones de euros, colisiona con los 14 millones de que dispone la Consejería debido a la prórroga presupuestaria.
«Confiamos en que la aprobación de un crédito extraordinario nos permita continuar con el desarrollo de la ley», afirma Paulo González González, director general de Prestaciones de la Consejería de Bienestar Social.
«Entiendo la situación de frustración de la gente, pero estamos trabajando para resolverla y, en este momento, este asunto es mi prioridad. Pido un poco de comprensión y paciencia. La ley es compleja pero garantista, nadie va a tener más de lo que se merece ni menos», añade.
La ley se aprobó sin catálogo de prestaciones y sin decreto de copago. Los usuarios desconocen lo que les costará el servicio público. El Principado fijó un baremo provisional que ya caducó. Lo único que está claro es que las rentas más altas abonarán como máximo el 80 por ciento del coste del servicio y las personas más necesitadas que cumplan unos requisitos no pagarán. «La próxima semana todas las comunidades autónomas celebraremos una reunión con el Gobierno para debatir el copago», dice Paulo González.
El plazo de presentación de solicitudes se abrió en abril y el Principado se encontró con 14.512 sobre la mesa. El aluvión llegó en los meses de octubre y noviembre. Los cincuenta y dos valoradores contratados -trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros y terapeutas ocupacionales- realizan su trabajo de acuerdo con un baremo que más tarde pasa a un órgano colegiado, en el que un psicólogo, un médico y un trabajador social establecen el grado y nivel de dependencia. Hay ocho órganos colegiados, uno por cada equipo territorial. Y en el equipo en el que se sitúa Oviedo están otros veintiún municipios. De ahí el retraso en la zona central.
«El objetivo final es buscar el mejor recurso para cada persona y, en ocasiones, lo que se propone desde Bienestar no es aceptado. Un gran número de gente quiere cuidados familiares, pero a veces no es posible, bien por el estado del cuidador o por las condiciones de la vivienda», subraya Paulo González.
¿Cuenta la Consejería con recursos para atender la demanda? «No puedo negar que hay residencias o centros con listas de espera, pero ahora vamos a poner en marcha varios, la Casa del Mar de Gijón, el centro de Sotrondio...», responde.
Los partidos políticos en la oposición coinciden con el representante del Gobierno en la complejidad de aplicación de una ley que tiene un desarrollo hasta 2015, pero discrepan en la forma de abordar su puesta en marcha.
«Es una buena ley, entre otras cosas gracias a las 147 enmiendas del PP, pero la sacaron con calzador con motivo de las elecciones municipales y autonómicas y no entiendo ni la premura ni la necesidad de fijar plazos», afirma Inmaculada González, diputada del PP en la Junta General. «Creo que los perfiles de los valoradores no son los más adecuados, habría que reforzar esos equipos con médicos, y la aplicación de la ley tiene dos problemas graves, a mi modo de ver: la falta de un plan sociosanitario y la no existencia de un catálogo de prestaciones sociales al que obligaba la ley de Servicios Sociales de 2003», añade. «Además, la valoración de la gran dependencia tendría que haber empezado antes en las residencias y los centros de día y después en las casas», dice.
Noemí Martín, diputada de IU-Bloque por Asturies-Los Verdes, opina que el primer año es el más difícil para su puesta en marcha. «Dicho esto, creo que falta prudencia en los responsables políticos a la hora de publicitarla, no se puede decir que todo va bien cuando no es así. Habría que haber sostenido el esfuerzo inversor que permitiera acceder a recursos sin romper la filosofía de la ley y reforzar la plantilla para no generar tantos atascos».
Fuente: P. Rubiera/lne
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