«Todas las adopciones de mi época fueron absolutamente legales»

Su nombre figura en muchos de los reconocimientos médicos practicados a los bebés que fueron dados en adopción durante las décadas de los sesenta y los sesenta en Asturias, documentos en los que su firma aparecía encabezada por la expresión «médico de beneficencia». No en vano, el pediatra José Luis Sánchez Badía, hoy jubilado, trabajaba en esa época en el Hospital General y en el Hospicio Provincial de Oviedo, reconvertido en 1965 en el Hogar Infantil, un servicio que tenía su sede en las instalaciones del Centro Materno Infantil del Hospital y que fue precursor del actual sistema de adopciones del Principado. Los dos pertenecientes a los «servicios benéfico-sanitarios» de la Diputación Provincial de Oviedo.
«Nosotros nos encargábamos de las adopciones. En concreto, yo hacía las revisiones médicas», contó ayer a EL COMERCIO Sánchez Badía, quien también formó parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León entre 1976 y 1979 y que defiende que «todas las adopciones de esa época fueron absolutamente legales», ya que, en última instancia, «todos los procesos pasaban por el juez».
Según este reputado profesional de la Pediatría, «el encargado de realizar los trámites legales era el abogado Joaquín Arce» y «la selección de los padres también era totalmente rigurosa».
Así que José Luis Sánchez Badía pone en duda que los bebés que pasaron por sus manos pudiesen haber sido víctimas de la red que, entre los años cuarenta y los noventa, traficó con centenares de bebés en toda España. Alrededor de 300.000 según Antonio Barroso, al frente de la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y él mismo comprado por sus padres de adopción.
«Puede que en otros lugares de España haya algo raro, pero en los años que yo estuve trabajando aquí, puedo garantizarle que no. Ni yo mismo ni el presidente de la Diputación lo hubiésemos consentido», zanjó el facultativo.
Comienzan las diligencias
Eso es precisamente lo que trata de dilucidar la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que acaba de sumar un expediente más al denominado asunto de los niños robados, por lo que el número de casos que se investigan en la región asciende ya a diez.
Durante las últimas semanas, el órgano judicial ha requerido numerosa documentación a los centros sanitarios en los que se produjeron los distintos nacimientos sobre los que existen sospechas. Fundamentalmente, el HUCA y el Hospital de Cabueñes. Lo que no ha hecho aún, según apuntaron ayer los representantes de Anadir en Asturias, es empezar a tomar declaración a los diez denunciantes.
Sí han comenzado ya en la mayor parte de las fiscalías provinciales. En concreto, ayer se supo que más víctimas de esta macabra compraventa declararán mañana ante la Fiscalía de Madrid en el marco de las diligencias abiertas para investigar las denuncias presentadas al respecto.
En la capital, el pasado 11 de marzo, los seis fiscales adscritos a esta investigación comenzaron los interrogatorios con el objetivo de remitir las correspondientes denuncias a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla.
Las declaraciones se enmarcan en las 84 diligencias abiertas para investigar casos de bebés robados en hospitales madrileños después de que la Fiscalía General del Estado hubiera remitido al Ministerio Público las denuncias presentadas sobre estos supuestos robos.
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