viernes, marzo 11

Llamamiento a la convergencia y a la acción


¡HAY QUE HACER FRENTE AL ABUSO
 
Las mujeres y hombres que firmamos este llamamiento lo hacemos porque creemos que es urgente despertar la conciencia de la opinión pública, es urgente que las ciudadanía pase a la acción. 
Creemos imprescindible actuar cuanto antes para frenar los abusos que se están cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras, contra los que ni siquiera han tenido la oportunidad de serlo como es el caso de millones de mujeres, contra los pensionistas o contra los pequeños y medianos empresarios que también padecen los abusos de la banca y de las grandes empresas.
Firmamos este llamamiento para denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan)  y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos).
Y lo hacemos para promover la convergencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas, sindicales, sociales, no gubernamentales  o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil Estado de Derecho en el que vivimos.
Las fuerzas políticas que defienden las políticas que se vienen aplicando, los gobiernos que han decidido no enfrentarse a los poderes financieros y numerosas instituciones nacionales e internacionales están haciendo recaer el principal coste de la crisis sobre sus víctimas, sobre la mayoría de la población, sobre las clases trabajadoras, los pensionistas y trabajadores autónomos.
Su única receta para salir de la crisis es la reducción de sus ingresos,  el recorte de sus derechos sociales y laborales, el sacrificio del Estado del Bienestar y el estrangulamiento de pequeños y medianos empresarios que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas para hacer frente a la crisis.
Gracias a su enorme influencia política y mediática extorsionan a los gobiernos elegidos y logran hacer creer a la mayoría de la gente que su versión de la crisis y sus recetas son las únicas posibles para conseguir salir de ella.
Los gobiernos de derechas, y también algunos de base social progresista como el español, están capitulando frente a esos poderes que aphora llaman "los mercados" pero que en realidad son los intereses endogámicos de los propietarios de las grandes empresas y entidades financieras. Han renunciado a ser expresión de la soberanía popular y desmovilizan a la ciudadanía diciéndole que nada se puede hacer frente a ellos.
También queremos denunciar con este llamamiento el engañando de la ciudadanía porque lo cierto es que existen otras formas mucho más realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas más eficaces para salir de ella, políticas que no provocarían otra más grande en poco tiempo y que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen.
Expertos y expertas de todo el mundo y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas demuestran que esas alternativas existen y que serían viables si los gobiernos decidieran ponerlas en marcha.
Lo que está ocurriendo es una inmoralidad flagrante y contraria a los principios más elementales de la democracia y de la justicia social. Pero si se quiere evitar no se puede hacer frente a esta situación con el silencio, con la desunión entre las personas que se sienten comprometidas con la justicia social y con la dignidad de todos los seres humanos. No es posible hacer frente a esta situación sin un consenso amplio, coordinado y sin exclusiones entre quienes se oponen a ella y sufren sus consecuencias. 
Por eso hacemos este llamamiento urgente a todas las personas, organizaciones, movimientos y grupos comprometidos con la justicia, la democracia y la transformación social, a todos aquellos y aquellas víctimas de esta situación para que converjan en un espacio unitario de lucha y de denuncia alrededor de programa inicial de mínimos. Este programa es un comienzo y podrá ser desarrollado en los próximos meses. Proponemos el siguiente.
a) Inmediata elaboración y dotación presupuestaria de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género. En concreto, inmediata puesta en marcha de normas ya aprobadas y no aplicadas y otras de nueva creación para garantizar la plena integración de las mujeres en el empleo de calidad y en la sociedad, así como la de los hombres en el ámbito del  espacio privado: permisos por nacimiento y adopción iguales e intransferibles para ambos progenitores; universalización del derecho a la educación infantil pública y asequible desde los cero años; implantación general de la semana laboral de 35 horas y racionalización de horarios, prestaciones especiales para las familias monoparentales; eliminación de las barreras para el acceso al crédito de las mujeres y supresión de todos los incentivos para la permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (declaración conjunta en el IRPF, incentivos al tiempo parcial, excedencias no pagadas, prestación por cuidadoras en el entorno familiar, pensión de viudedad vitalicia, etc…).
b) Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar que cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la crisis. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los daños y pérdidas ocasionados.
c) Puesta en marcha de un plan de financiación urgente y extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de  pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo. Para ello es imprescindible la paralización o derogación de todos los proyectos o medidas adoptadas para entregar las cajas de ahorros al capital bancario privado; nacionalizar aquellos bancos y cajas de ahorros que no cumplan con la función de financiar la actividad productiva así como la creación de una banca pública de nuevo tipo sometida a principios éticos y de servicio público.
d) Anulación las reformas emprendidas para debilitar el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre el futuro del sistema que no ponga sobre la mesa los recortes en el gasto sino estrategias para aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social mediante la creación de empleo y especialmente del femenino, el incremento de la productividad y, sobre todo, mediante la recuperación del peso que han perdido los salarios en el renta nacional en los últimos quince años.
e) Puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras especulativas.
f) Adopción de un plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.
g) Renegociación del pago de la deuda pública generada por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y de la sociedad.
h) Impulso inmediato de los programas de gasto social imprescindibles para lograr que se reactive la economía española equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad. Puesta en marcha de un plan de austeridad orientado a la reducción de gastos superfluos en la administración que no son precisamente, como afirman la derecha y los grandes grupos empresariales, los que merman el autogobierno, la defensa de los trabajadores y trabajadoras o el funcionamiento de las instituciones en las que se basa la democracia moderna.
i) Elaboración de un plan de reconversión de las industrias y servicios con alto impacto ambiental en la sociedad española con la perspectiva de reducirlo y garantizando un transición justa hacia un nuevo modelo productivo por medio de políticas de  reparto de empleo.
j) Rechazo claro del gobierno de las actuaciones antidemocráticas de la burocracia europea, de su connivencia con los intereses financieros y de sus continuos ataques contra la soberanía de los estados y de los pueblos. Exigencia de un mayor peso del Parlamento europeo en la toma de decisiones, de un funcionamiento verdaderamente democrático de las instituciones europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos de creación de empleo y bienestar en Europa.
Pero los buenos argumentos no bastan, hay que poner los medios para difundirlos y para que se transformen en actos. Para ello, para crear un nuevo estado de opinión en todo el país y poder pasar a la acción de forma efectiva y coordinada, también hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se agrupe y organice sobre bases unitarias.
Para ello llamamos a la creación inmediata de Mesas de Convergencia Ciudadana en todos los barrios, en todos los pueblos y localidades y en todos los centros de trabajoEstas mesas tienen tres objetivos. El primero es que los ciudadanos de buena voluntad se sienten a deliberar desde la pluralidad, pacífica y democráticamente, sean o no miembros de partidos, de sindicatos o de cualquier otra organización, que lleguen a acuerdos y consensúen posturas y argumentos erradicando el sectarismo.
El segundo objetivo es informar al resto de la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de la crisis,  desenmascarar a sus verdaderos culpables y difundir las propuestas alternativas. El tercer objetivo es impulsar acciones conjuntas para exigirle a los poderes públicos locales, autonómicos y estatales soluciones justas y democráticas a la situación creada, soluciones que no estén basadas, como está ocurriendo, en el recorte de derechos y recursos de los débiles, sino en los principios elementales de responsabilidad, de equidad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
La iniciativa de convergencia unitaria y democrática a la que llamamos no pretende ni debe suplantar las iniciativas de partidos y organizaciones políticas, culturales y sindicales contra el neoliberalismo que ya están en marcha. Todo lo contrario. Quiere potenciarlas y hacerlas más eficaces poniéndolas en común, fomentando la comunicación entre todas ellas, generando un clima para el entendimiento, para la discusión constructiva y para las iniciativas conjuntas.
Para poner todo esto en marcha, para divulgar nuestra invitación a la acción y para organizarla, convocamos a toda la ciudadanía a un encuentro estatal el próximo día 19 de febrero de 2011 a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid sito en la Calle Lope de Vega nº 40 e invitamos a quienes estén de acuerdo con nuestros propósitos y compartan nuestro compromiso, a suscribir este llamamiento en el espacio de la red que figura a continuación, espacio en el que iremos informando sobre el desarrollo de la iniciativa.
Madrid, enero de 2011
http://www.redconvergenciasocial.org/index.php/joomla-overview CONVOCAN
Almudena Grandes
Ariel Jeréz
Armando Fernández Steinko
Begoña San José
Carlos Berzosa
Carlos Martínez
Carlos Ruíz
Diosdado Toledano
Enrique de Santiago
Francesc Matas
Francisco Fernández Buey
Gaspar Llamazares
Ignacio Ramonet
José Luis Sanpedro
José Manuel Naredo
Juan Ramón Capella
Juan Torres López
Luis García Montero
Manolo Monereo
Marcos Roitman
Angels Martínez Castells
Maria José Saura
Miguel Riera
Pablo Iglesias
Pascual Serrano
Pedro Montes
Rafael Pillado
Ramón Zallo
Ricardo García Zaldívar
Roberto Viciano
Rosa Cañadell
Rosa Regás
Salce Elvira
Teodulfo Lagunero
Vicenç Navarro
Xosé Manuela Beiras

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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