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Inma Pando (Redacción Andalucía)
Jornadas semanales de 90 horas, turnos de 72 horas seguidas o la imposición de horas extraordinarias, muchas de ellas no reconocidas ni pagadas, entre muchas otras irregularidades, son las condiciones laborales que han denunciado el Sindicato de Oficios Varios de Sevilla y el Sindicato de Oficios Varios de CNT de Camas al hacerse eco de la situación de una ex trabajadora. Nuevo Futuro no renovó el contrato a esta persona por reclamar derechos reconocidos en su convenio y unas condiciones dignas de trabajo que le permitieran desarrollar de forma adecuada su labor como educadora. Según denuncia CNT, hasta el 31 de marzo la educadora realizó más de 175 horas en seis meses que aún no le han sido abonadas. Tras reiterados intentos de negociación, que no han tenido respuesta, se han realizado diversas acciones, como la celebrada durante el rastrillo benéfico de Nuevo Futuro en Sevilla.
Esta trabajadora también se ha reunido con la directora general de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, que se comprometió a abrir una investigación sobre Nuevo Futuro. Además, la Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción contra la empresa. De esta forma, Trabajo reconoce la existencia de una jornada laboral abusiva y la obligación de abonar las horas extraordinarias realizadas. Nuevo Futuro gestiona aproximadamente 140 centros en el Estado y otros países, contrata en torno a 600 personas y maneja presupuestos millonarios, además de contar, entre sus presidentas de honor, con Pilar de Borbón.
- MERCADILLO DE NUEVO FUTURO. El alcalde de Madrid estuvo en un homenaje a la fundadora de esta entidad. Munimadrid
Más denuncias en Donostia
Éste no es el único conflicto laboral que mantiene esta ONG en todo el Estado. En Donostia, varios educadores de un centro de menores tutelados que gestiona Nuevo Futuro iniciaron una huelga en marzo para denunciar el despido de una compañera y graves irregularidades en el funcionamiento de la entidad. El 20 de mayo, el Juzgado de lo Social número 2 de Donostia declaró el despido nulo, al considerarlo producto de una persecución contra la trabajadora.
Tanto el sindicato ELA como trabajadores de este centro de menores han exigido a la Diputación de Guipúzcoa que revoque la concesión de la gestión del centro a Nuevo Futuro y la misma se asuma desde la propia Administración. Aunque en 2007 se aprobó el primer convenio estatal de obligado cumplimiento para todas las empresas que gestionan este tipo de centros, dicho convenio fue anulado un año y medio después, tras ser impugnado por varias ONG. La privatización de los recursos, la precariedad laboral del sector de la intervención social y la dejadez de la Administración en su obligación de supervisar los centros crean un escenario de impunidad que ha preocupado a organismos oficiales como el Defensor del Pueblo.
Trabajadores de los recursos, organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado muchas veces las situaciones de abusos en los centros, que provocan un grave impacto en la salud física y mental de los menores. Una situación que incluso ha provocado que el Comité contra la Tortura de la ONU haya exigido al Gobierno español que adopte medidas para asegurar condiciones humanas y dignas en los centros y la investigación de todas las denuncias de abusos o malos tratos cometidos contra los menores.
A JUICIO EL CASO DE OURENSE
Un año después de que fuera clausurado el centro de menores Lar Río Casaio (Ourense), la fiscal Elena Fernández considera acreditadas las acusaciones contra dos de sus educadoras de practicar “indistinta y reiteradamente una serie de castigos vejatorios y degradantes sobre los niños cuando se portaban mal”. Junto a las dos educadoras, la denuncia también imputa al director del centro. Estas acusaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía en septiembre de 2008 por una chica que estaba bajo tutela de la Xunta. Tanto el director del centro como las dos cuidadoras han sido acusadas de presunto maltrato psicológico a menores y contra su integridad moral, con el agravante añadido de abuso de superioridad.
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