domingo, abril 4

Sobran funcionarios?

jueves 1 de abril de 2010

¿Sobran funcionarios? Un debate de brocha gorda



Carlos Sánchez, El Confidencial

Dentro del imaginario colectivo de los españoles es lugar común sostener que el número de empleados públicos es abusivo. De hecho, si se hace una encuesta entre la ciudadanía la inmensa mayoría de los contribuyentes responderá que uno de los caminos más rectos hacia la recuperación pasa por cortar cabezas (al menos en sentido figurado) y despedir a miles de funcionarios.

El mosqueo -por decirlo de una manera suave- es razonable si se tiene en cuenta que desde el inicio de la recesión este país ha destruido más de 1,8 millones de puestos de trabajo en el sector privado, mientras que en el sector público el nivel de ocupación ha crecido en plena debacle económica. Aunque en los dos últimos trimestres se ha producido una ligera reducción en el número de funcionarios, lo cierto es que más de tres millones de trabajadores están hoy al servicio de las administraciones públicas. En concreto 3.065.700, lo que significa que uno de cada seis ocupados trabaja para el Estado en el sentido amplio del término.

"El número óptimo de funcionarios exige un consenso previo sobre el papel del Estado en la actividad económica, algo que está por descubrir"

A la luz del fichero oficial que recoge el número de empleados públicos, el resultado es algo menor, pero igualmente ilustrativo. A 31 de de julio del año pasado había en España 2.659.010 funcionarios en sus distintos formatos, de los cuales el 50,6% trabaja en las comunidades autónomas y sólo el 21,9% en la Administración central. El resto corresponde a las entidades locales y las universidades

¿Mucho o poco?

Lo curioso del asunto es que si se pregunta a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la mayoría opinará que son manifiestamente mejorables. ¿Por qué? En buena medida por falta de plantillas. Y aquí está la paradoja. Los hospitales y centros de salud fallan por insuficiencia de especialistas, entre otros motivos. Por las mismas razones, los jueces no dan abasto a la hora de dictar sentencias en tiempo y forma (lo cual tiene consecuencias letales en términos económicos), y buena parte del fracaso escolar tiene que ver con la escasez de profesores de apoyo a estudiantes con dificultades. Es habitual, igualmente, oír las quejas de muchos ciudadanos que protestan por la inseguridad ciudadana. Y casi todo el mundo pone el grito en el cielo por la enorme bolsa de fraude fiscal o laboral que existe en este país, y que en buena medida se podría reducir aumentando la plantilla de inspectores. Es de sobra conocido que la administración paga cada año miles de horas extraordinarias, precisamente por falta de plantillas, algo que es un auténtico dislate.




















Tan aparente contradicción pone de manifiesto el escaso rigor con el que a menudo se tratan algunas cuestiones importantes. Los gobiernos presumen habitualmente de invertir mucho dinero en carreteras o investigación, pero es altamente improbable que a posteriori se haga desde los poderes públicos una evaluación sobre si ese gasto ha sido eficiente en términos económicos. Y por eso miles de empleados públicos están mano sobre mano esperando que alguien les dé trabajo o que su jefe asuma nuevas funciones. Ya se sabe que el santo y seña de la política es el castizo burro grande ande o no ande, y eso explica la obsesión por las cifras y por las tasas de crecimiento, aunque lleven a la ruina. Lo que ha llevado a la creación de unidades mastodónticas sin ninguna actividad real, y en las que prima la burocracia y la ineptitud administrativa. Por eso, y como es lógico, la ciudadanía se queja del número de empleados públicos.

No hay un solo ministro que haya presumido alguna vez de haber hecho más con menos dinero, lo cual dice muy poco a favor de la mayoría de los gestores públicos.

Comparaciones

Como cuestión de principios, sin embargo, habrá que decir que en contra de lo que habitualmente se dice, España es uno de los países de la OCDE con menos empleados públicos respecto del total de fuerza laboral. Un 13% en 2005, por debajo del 14,3% de la media de la región, y a años luz de los niveles que existen en Noruega, Suecia, Francia o Finlandia, en todos los casos por encima del 20%. Hay, sin embargo, una diferencia. Mientras que en todos los países de la OCDE el empleo público se ha reducido desde 1995 (ver gráfico), en España ha crecido de forma notable, lo que tiene que ver parcialmente por el menor punto de partida y por el ensanchamiento de la protección social en coherencia con un periodo de fuerte expansión económica.

¿Quiere decir esto que hay que seguir contratando empleados públicos? Evidentemente que no. Estaríamos ante un suicidio como país y sería altamente ineficiente. Por el contrario, se necesita más pincel y menos brocha gorda, lo que exige identificar dónde sobran y dónde faltan empleados públicos y actuar en consecuencia. Luchando, al mismo tiempo, contra la endogamia que tradicionalmente ha acompañado a la función pública, un viejo mal de este país. Un Estado no es más eficaz por tener menos empleo público, porque si eso fuera cierto, España sería mejor que EEUU o Canadá, y eso no es cierto. Pero tampoco es mejor por el hecho de tener legión de funcionarios para dar sensación de que los servicios públicos funcionan.

El número óptimo de funcionarios exige, por lo tanto, un consenso previo sobre el papel del Estado en la actividad económica, algo que está por descubrir. Es sintomática la ausencia de un debate serio sobre en qué áreas el Estado debería dar un paso atrás para mejorar su eficiencia. Y, por el contrario, en qué áreas debería concentrar sus aumentos de plantilla durante los próximos años en aras de mejorra los servicios públicos esenciales sin ahogar a la iniciativa privada. En su lugar asistimos a un debate insulso que no sirve para nada y que tiene más que ve con el márketing político que con la acción de Estado.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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