domingo, enero 17

Los 26 menores se fueron del centro Bideberri de Gasteiz como protesta ante reiteradas violaciones a sus derechos fundamentales



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http://www.redsolidaria.info/2010/01/14/menores-en-los-centros-de-acogida-de-vitoria-gasteiz/

Comunicado de prensa

En relación con los hechos acaecidos entre el 5 y el 9 de Enero en Vitoria-Gasteiz que, se difundieron, como una presunta fuga o abandono voluntario de un grupo de 26 menores acogidos en dos de los centros dependientes de la Diputación Foral de Alava manifestamos lo siguiente:

Que el motivo por el que estos menores tutelados expresan su deseo de no regresar a los centros es que presuntamente han soportado situaciones reiteradas de violaciones a sus derechos fundamentales reconocidos legalmente tales como: violaciones a su dignidad e integridad personal recibiendo tratos inhumanos y degradantes, castigos desproporcionados, violaciones a la libertad cultural y religiosa, a un alimentación adecuada, presiones psicológicas y sometimiento al estrés. Entendemos que –sin presumir nada- y dado que hay indicios suficientes, estas denuncias son lo suficientemente graves como para que sean puestas en conocimiento de las instancias competentes con el fin de que se esclarezcan y se tomen las medidas oportunas.

Además el soportar estas situaciones y sanciones cobraba sentido para ellos por su necesidad de disponer del certificado de tutela, al que legalmente tienen derecho. Este certificado resulta indispensable para poder tramitar su permiso de residencia tal y como exige la ley de extranjería.

La sorpresa con la que nos encontramos fue encontrarnos con que el grupo de menores que llevaban varios días en la calle, que por los motivos aquí citados, se negaban a regresar a los centros, sin que ninguna instancia pública, al parecer, actuara de manera pronta y efectiva para resolver la situación; razón por la cual, estos menores recurrieron a diversas entidades institucionales y sociales con las que anteriormente tenían contacto, decidiendo finalmente por ellos mismos regresar al centro.

La Diputación Foral de Alava es la única responsable de las situaciones aquí planteadas, y le exigimos:

Que no desvíe la atención sobre las posibles irregularidades en los centros, con argumentos totalmente improcedentes tales como que los menores no quieren limpiar o que han "agredido" a algún monitor, dedicándose a lo que realmente le compete, que es garantizar el escrupuloso respeto de todos los derechos que por ley asisten a estos menores, así como a supervisar y evaluar a fondo si la empresa privada que hoy los gestiona es realmente competente.

Que cumpla la Ley 3/2005 de atención y protección a la infancia y la adolescencia, extendiendo las preceptivas órdenes forales de tutela a los jóvenes, sin negarse de manera arbitraria a ello. Actualmente jóvenes que cumplen los 18 años y llevan incluso 16 meses de estancia, se ven obligados a abandonar los centros sin certificado de tutela, condenándoles a la ilegalidad, situación que ya ha sido denunciada ante la Fiscalía.

Que deje de cerrar y limitar recursos y desarrolle políticas públicas de protección y acogida recogidas en la ley, tales como redes de hogares de acogida, pisos de emancipación, entre otras.

Por nuestra parte nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos que asisten a estos menores, y a no dejarles solos en la situación de desamparo en que se encuentran por su condición de extranjeros, de menores y por recibir un trato arbitrario por parte de la Diputación.

Asimismo, comunicamos que estamos trabajando y utilizaremos todos los medios legales y sociales a nuestro alcance para defender los derechos que les asisten y nos ofrecemos para que las instituciones competentes superen su sentimiento de "soledad institucional", en todo caso elegida por ellas mismas, por desoír a los propios jóvenes bajo su tutela, y a quienes tenemos relación con ellos, ofreciéndonos en todo momento a colaborar en esta tarea.

http://www.gara.net/paperezkoa/20100115/177163/es/Colectivos-sindicatos-arropan-menores-fugados-centro-alaves

Colectivos y sindicatos arropan a los menores fugados del centro alavés

Diferentes colectivos, sindicatos y asociaciones desmintieron ayer que los veintiséis menores no tutelados hubieran abandonado el centro de acogida alavés «por negarse a limpiar y haber agredido a un educador». «No querían volver al no estar conformes con el trato que reciben», aclararon tras haber recabado el testimo- nio de estos menores procedentes de diversos países y tutelados por la Diputación.

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Zuriñe ETXEBERRIA |

El pasado 5 de enero, veintiséis menores, procedentes de diversos países, abandonaron de forma voluntaria el centro de acogida Bideberri de Gasteiz. Estos menores de edad, que están tutelados por la Diputación, acudieron entonces a diversas entidades institucionales y sociales con las que anteriormente ya mantenían contacto. En ese momento empezaron a recogerse testimonios que ayer fueron hechos públicos y que no coinciden con la versión que difundió la Diputación de Araba.

Según la propia explicación de los menores no acompañados, el motivo por el que no querían regresar al centro, y por lo que hace tiempo están descontentos con el trato que reciben, tiene que ver con presuntas situaciones reiteradas «de violaciones a sus derechos fundamentales reconocidos legalmente», manifestaron represen- tantes de varias asociaciones y sindicatos.

Los derechos vulnerados se- rían: «violaciones a su dignidad e integridad personal, castigos desproporcionados, violaciones a la libertad cultural y religiosa, a una alimentación adecuada, presiones sicológicas y sometimiento alestrés». En la rueda de prensa no se especificaron las situaciones concretas que sufren al tratarse de menores y para evitar que se puedan tomar represalias contra ellos.

«Secuestro de menores»

Cabe recordar que los menores abandonaron el centro para quedarse en la calle el día 5 de enero, en pleno temporal de frío y nieve. Durante los días que los veintiséis jóvenes se negaban a regresar al centro fueron atendidos por personas voluntarias y algunos ellos pernoctaron en la iglesia del Buen Pastor en Zaramaga, relató a GARA un educador conocedor de los hechos. Desde el mismo día que los acogieron denunciaron la situación al Ararteko y se iniciaron los contactos con algunos grupos políticos de Juntas Generales.

«Después de hablar con ellos, la mayoría deciden volver al centro», indicó el educador. Ahora, diversos colectivos continúan la lucha emprendida por estos menores desde fuera.

Así, el viernes día 8, al salir de la iglesia Buen Pastor, algunas de estas personas que atendieron a los menores se encontraron con la Ertzaintza -que mantiene abierta la investigación para esclarecer quién dio cobijo a estos jóvenes y estudia si hubo delito-. Los policías amenazaron a estas personas con un presunto delito por «secuestro de menores». En el lugar también se encontraban algunos medios de comunicación.

Certificado de tutela

Otro de los motivos por los que los menores no acompañados decidieron plantarse tiene que ver con las trabas que Diputación está poniendo para extender los certificados de tutela, alegando «falsedad documental», pese a tratarse de documentos a los legalmente tienen derecho. Este certificado resulta indispensable para poder tramitar su permiso de residencia.

Actualmente, los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y llevan dieciséis meses de estancia se ven obligados a abandonar los centros sin el pertinente certificado de tutela, lo que les aboca a la «ilegalidad», situación que ya ha sido denunciada ante la Fiscalía.

«Se trata de evitar el efecto llamada», para que no vengan más menores procedentes de otros países, censuraron con rotundidad en la rueda de prensa.

Por su parte, los comparecientes indicaron que seguirán trabajando y utilizando todos los medios legales y sociales para defender los derechos que asisten a estos jóvenes.

Diputación señala que «no se niega» el certificado de tutela

Consultada por GARA, desde la Dirección de Comunicación del Departamento de Política Social y Asuntos Sociales, Belén Elguea señaló que, tal y como afirmaron en una nota de prensa el pasado 15 de diciembre, «la Diputación ha denunciado ante las autoridades judiciales la situación de jóvenes extranjeros de los que existen dudas razonables» sobre su minoría de edad. Sin embargo, Elguea apuntó que la Diputación alavesa «no está negando» el certificado de tutela a los menores no acompañados.

En cuanto a la denuncia de las vulneraciones de derechos, respondió que «se actúa siempre bajo la legalidad de los protocolos marcados».

Por otro lado, este periódico también se puso en contacto con Aitor Martínez, uno de los responsables de la empresa Izan, que a través de otra empresa, Ixuri, es la encargada de gestionar algunos de los centros de acogida, como el de Bideberri. Preguntado por la denuncia de varios colectivos en relación al trato que reciben, Martínez opinó que «estas personas llevan tiempo difamando y mintiendo para conseguir otros objetivos», sin concretar ningún dato más. Z.E.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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