miércoles, diciembre 16

Amnistía denuncia vejaciones en centros de menores españoles



El Defensor del Pueblo ya alertó de abusos en las instalaciones.Andalucía, Madrid y Cataluña dicen que no es cierto lo que cuenta la ONG.

16/12/2009 JUAN RUIZ SIERRA


Cuando tenía 18 meses, Aránzazu Celdrán fue entregada por su abuela a un centro de acogida en Granada. Sus padres, toxicómanos, no podían hacerse cargo de ella, así que Celdrán residió primero en la instalación andaluza y, después, ya de adolescente, en el centro de Font Fregona, en la provincia de Barcelona. "Te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasabas allí horas, te hacías todo encima. No sabes quién eres. Pierdes la cabeza", contó Celdrán a la oenegé Amnistía Internacional, que ayer divulgó un informe, repleto de testimonios de "abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, encierros en celdas de aislamiento, mordazas o medicaciones sin diligencia", sobre los centros terapéuticos de Andalucía, Cataluña y Madrid donde se hallan internados menores con trastornos de conducta y dificultad social.

No es la primera vez que estas instalaciones aparecen retratadas en estos términos. El trabajo de Amnistía --elaborado a partir de más de 100 entrevistas a jóvenes, familiares y personal de los centros--, se basa en gran parte en uno del Defensor del Pueblo publicado el pasado febrero que también hablaba de ayunos forzosos y celdas de aislamiento "verdaderamente atroces".

Qué ocurre en los centros terapéuticos de menores? Amnistía dice que "la situación de estos niños resulta invisible a la sociedad porque se desconoce el número de centros terapéuticos abiertos en España y el número de menores internados", que los poderes públicos "no llevan a cabo con regularidad sus funciones de supervisión y exigencia de rendición de cuentas a las entidades que los gestionan", que estas incluso "obstaculizan" las inspecciones de organismos independientes y, por último, que "cuando se producen abusos, no se establecen los medios para que los menores, sus familiares o los educadores puedan denunciarlos y exigir responsabilidades de manera efectiva".

La Generalitat catalana tachó el informe de "tergiversado y demagógico", dijo que Amnistía no había entrado en ninguna de estas instalaciones y aseguró que los supervisores han inspeccionado en repetidas veces estos centros. Tanto la Junta de Andalucía como la Comunidad de Madrid aseguraron también que las instalaciones eran visitadas con frecuencia y que los derechos humanos de los internos estaban "garantizados".

LA OPINION DEL FISCAL Tras examinar el informe, el fiscal delegado de menores de Barcelona, Juan José Márquez, manifestó que compartía su "crítica general al funcionamiento de estas instituciones", pero "no tanto las críticas concretas". Algunas de las historias narradas en el documento --continuó-- son, por lo que él ha investigado, "falsas". "Pero el tema es muy complejo y la situación actual es muy mejorable. Se requieren más controles; la falta de medios es más que evidente", añadió el fiscal.


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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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