Editorial de Emmanuelle Hazan, periodista, responsable de la publicación francesa de Asociados por la humanidad de la ONG Search for Common Grounds Según un sondeo presentado el pasado febrero por Perspective Suisse, más del 70% de Suizos quieren aplicar el Código penal de los adultos a los menores en caso de crimen grave. En Francia, esta aspiración tiende a convertirse en realidad: el informe Varinar , publicado el año pasado, proponía bajar la responsabilidad penal a los 12 años y juzgar a los menores de 16 a 18 años por una jurisdicción para adultos, en total contradicción con la Convención internacional de los Derechos del Niño firmada por todos los países europeos. Precisamente la semana pasada, el gobierno francés ha anunciado incluso querer suprimir el puesto de Defensor de los niños, creado en el 2000. Primar la represión ante la educación parece convertirse pues en la idea de nuestra época. Sin embargo, no hay nada más que mirar los Estados Unidos para comprender el peligro de esta tendencia. El pasado julio, un estudio particularmente alarmante de la Universidad de Texas en Austin ha mostrado los desastrosos resultados de estas prácticas judiciales que consisten en juzgar y condenar a los niños de menos de 13 años como a los adultos. Según este estudio, el conjunto de los estados americanos autoriza a los jóvenes de más de 13 años a ser juzgados como adultos. Y 22 de ellos bajan este límite de edad hasta los 7 años, entre los cuales se encuentra Florida, Michigan, Pensilvania y Carolina del Sur, ¡que tienen por otro lado leyes que facilitan el traslado de los niños hacia jurisdicciones de adultos! Cada año por término medio, 80 niños de 13 años son trasferidos hacia una jurisdicción adulta. Entre 1985 y 2004, 1654 niños han sufrido penas de adultos que llegan hasta la prisión a vida sin perdón de pena. Y que además, la mitad de ellos no han cometido más que robos o delitos de orden público. En este momento, su número es todavía más alto. Y esta estrategia, como lo prueban los autores del estudio tejano, es tan apreciado como contra productivo: en el sistema judicial adulto, los niños tienen tendencia a reincidir y cuestan dos veces más caros. Además de que no escarmientan por el juicio. Ya que la investigación científica lo prueba: el cerebro de un niño está todavía en desarrollo, lo que afecta sus impulsos y su capacidad para controlar sus actos. Necesita un ambiente protegido de los adultos delincuentes, lejos de abusos sexuales y de la violencia física que reina en prisión. Debiera poder beneficiarse de programas de rehabilitación y educación, para convertirse, si fuera posible, en un adulto más equilibrado. « Encerrar a los menores no es ni una solución para la reinserción, ni para la protección de la sociedad, ni por la educación» concluye la responsable del estudio, Michele Deitch, que defiende una revisión de las leyes que autorizan juzgar a los niños como adultos. El año 2010 es una ocasión que no hay que perder: el Congreso americano deberá reexaminar una ley votada en 1974, la Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act, que exige a los Estados el respeto del derecho de los menores ante la justica si quieren beneficiarse de subsidios federales. Sólo queda esperar que las lecciones americanas sean escuchadas en Europa por todos aquellos que estiman que un joven – juzgado incapaz de conducir y de votar antes de los 18 años – sea enteramente responsable de sus actos si comete un crimen. El editorial no refleja necesariamente la opinion de la Dirección y del equipo de IDE. Sus comentarios son bienvenidos webmaster@childsrights.org. | ||
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domingo, noviembre 15
Juzgar a los niños como a los adultos es absurdo : la prueba con los Estados Unidos
La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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