martes, octubre 20

Vipasa desahucia a una familia de su piso después de 27 años

20/10/2009 NOELIA RODRIGUEZ 

La familia, ayer, durante el deshaucio.
Foto:FERNANDO ROBLES
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La familia de Ramón Gabarri tuvo que abandonar en el día de ayer la que había sido su vivienda durante los últimos 27 años en el barrio de La Magdalena. Tras haber mantenido en los últimos años una batalla judicial con Vipasa, propietaria del inmueble, la empresa pública optó por dar por finalizado el contrato en fechas recientes. "Todo de lo que nos acusaron, que no habíamos pagado el alquiler, que no habíamos renovado a tiempo,... se demostró que no era verdad, pero aún así nos han echado", aseguraba ayer uno de sus hijos, Mario Gabarri.

El hombre se mostró convencido de que la decisión de cesarles el contrato se debe a los problemas de convivencia que tenía una vecina con un hermano suyo, que vivía en el mismo portal, pero en otro inmueble y que ya no se encuentra allí. "Era una cosa con él, nosotros nada teníamos que ver", insistió y recordó que en su piso de la calle Sabino Alvarez Gendín vivían siete personas, entre las que se encuentran dos personas de edad avanzada con dolencias, otros dos "con una discapacidad de más del 65%" y un menor acogido, "el hijo de un hermano".

Tras abandonar su piso a las diez de la mañana, momento en el que se hizo efectivo el desahucio, la familia Gabarri trasladó sus enseres "a un chabolo que nos han prestado" y tenían pensado pasar el día en casa de un hermano. Sin embargo no sabían qué hacer durante la noche ni a lo largo de los próximos días.

Tras haber sido desahuciados por Vipasa no pueden recibir una vivienda que provenga de esta entidad en un plazo de cinco años, según explicó Mario Gabarri. Por ello solicitaron ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés que tampoco les han servido de mucho porque no les ha encontrado una vivienda. "Nos dijeron que tienen ningún piso en el municipio, que en todo caso habría que mirar en Gijón", indicó Gabarri, que aseguró que "nos quieren echar hasta de la ciudad".

SIN CASEROS Han tratado de buscar una vivienda por su propia cuenta en diversas agencias inmobiliarias, pero al margen de los problemas que suponen el ser un núcleo familiar de siete personas y que disponen de muy escasos ingresos, no han encontrado nadie que les quiera alquilar "por ser gitanos", dicen e insisten en que sigue latente el racismo en la ciudad.

Mario Gabarri insistió en que no quiere que le den una nueva vivienda de modo gratuito. "No nos negamos a pagar un alquiler, estamos al día de los pagos con Vipasa". Además indicó que hablarán con un abogado a fin de encontrar una vivienda ya que considera que les ha sido negada por el hecho de ser gitanos.

La familia Gabarri lleva 27 años viviendo en este piso del barrio de La Magdalena, algo que lamentan no haya tenido en cuenta Vipasa. "Si aquí hasta nació un hermano mío", aseguró Mario. Hace ocho años se optó por alquilarles el piso y al finalizar dicho contrato Vipasa decidió anularlo "sin ninguna otra explicación y sin darnos ninguna alternativa", aseguran.

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=521313

1 comentario:

Colectivo Educadores dijo...

La cantidad de prejuicios que hay hacia la comunidad gitana, y la de veces (y de qué manera) que cerramos los ojos y no queremos verlo, cuando son una de las poblaciones (yo diría que casi la que más) más discriminada ahora mismo en España...

La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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