La ayuda a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y no dispongan de ingresos beneficiará a unas 300.000 personas, según afirmó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que anunció que la medida entrará en vigor a mediados de agosto y tendrá efectos retroactivos desde el día 1 de este mes.
La propuesta será aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará hoy, pero Corbacho ya adelantó algunas de sus condiciones y explicó que la iniciativa podría extenderse durante más de seis meses, si la coyuntura económica del país así lo exige. El titular de Trabajo también reconoció que al Gobierno le queda cada vez menos margen para impulsar nuevas iniciativas si repunta el desempleo, "como es lógico y natural", y recordó que "hace un año había una situación financiera mucho mejor". No obstante, Corbacho aseguró que el Ejecutivo todavía tiene capacidad de reacción, aunque "en las nuevas medidas, deberemos partir de la base de que se adoptan, no ya sobre una situación de superávit sino de déficit, y no ya sobre una situación del 30% de deuda, sino superior".
En cuanto a las características de la ayuda de 420 euros, Corbacho añadió que los desempleados que hayan agotado las prestaciones y subsidios, y no tengan rentas, podrán recibirla durante un período de seis meses. De esa forma, se evitará que "queden desamparados desde el punto de vista de la protección social", explicó el ministro. Además, las personas que perciban esta renta deberán asumir el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.
De este modo, el objetivo de la medida es "dar una renta de protección para que las personas que la reciban tenga acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible", señaló Corbacho. El Gobierno ha previsto mantener esta ayuda más allá de medio año, ya que "parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada, pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento", destacó el ministro.
El coste de la ayuda a los desempleados sin prestaciones o subsidios superará los 400 millones de euros, que se financiarán con cargo al Servicio Público de Empleo y a los Presupuestos Generales del Estado.
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