jueves, agosto 13

Nuevas ayudas podrán aplicarse a los desempleados

La ayuda a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y no dispongan de ingresos beneficiará a unas 300.000 personas, según afirmó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que anunció que la medida entrará en vigor a mediados de agosto y tendrá efectos retroactivos desde el día 1 de este mes.

La propuesta será aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará hoy, pero Corbacho ya adelantó algunas de sus condiciones y explicó que la iniciativa podría extenderse durante más de seis meses, si la coyuntura económica del país así lo exige. El titular de Trabajo también reconoció que al Gobierno le queda cada vez menos margen para impulsar nuevas iniciativas si repunta el desempleo, "como es lógico y natural", y recordó que "hace un año había una situación financiera mucho mejor". No obstante, Corbacho aseguró que el Ejecutivo todavía tiene capacidad de reacción, aunque "en las nuevas medidas, deberemos partir de la base de que se adoptan, no ya sobre una situación de superávit sino de déficit, y no ya sobre una situación del 30% de deuda, sino superior".

En cuanto a las características de la ayuda de 420 euros, Corbacho añadió que los desempleados que hayan agotado las prestaciones y subsidios, y no tengan rentas, podrán recibirla durante un período de seis meses. De esa forma, se evitará que "queden desamparados desde el punto de vista de la protección social", explicó el ministro. Además, las personas que perciban esta renta deberán asumir el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.

De este modo, el objetivo de la medida es "dar una renta de protección para que las personas que la reciban tenga acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible", señaló Corbacho. El Gobierno ha previsto mantener esta ayuda más allá de medio año, ya que "parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada, pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento", destacó el ministro.

El coste de la ayuda a los desempleados sin prestaciones o subsidios superará los 400 millones de euros, que se financiarán con cargo al Servicio Público de Empleo y a los Presupuestos Generales del Estado.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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