miércoles, agosto 19

Interior tramita la expulsión del menor que estuvo en Villabona

18/08/2009 J. CUEVAS 

Centro penitenciario de Villabona, donde el menor marroquí estuvo cinco meses retenido.
Foto:FERNANDO ROBLES

Los malos presagios se han cumplido para Zakariae A. El joven marroquí --menor de edad hasta el pasado 28 de julio-- está en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Málaga, a la espera de ser expulsado de España. El chico permaneció cinco meses recluido en el centro penitenciario de Villabona a pesar de no haber alcanzado los 18 años, fue trasladado a un equipamiento para menores en Nava con la promesa de que el Principado regularizaría su situación en España.

Las asociaciones que en aquel momento denunciaron que había sido encarcelado pese a ser menor no se fiaron en aquel momento --hace algo menos de dos meses-- de esas palabras y la pasada semana han descubierto que la Delegación de Gobierno planea su expulsión del país por una prohibición de entrada en la que también se le consideraba mayor de edad.

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a las 20 horas del pasado jueves a Zakariae A. en las inmediaciones de la estación de autobuses de Gijón al carecer de documentos que probaran su estancia legal en España --está acusado de un presunto delito contra la Ley de Extranjería--. Después de haber permanecido unos días en Nava y a pesar de que ya había alcanzado la mayoría de edad hace tres semanas, Zakariae residía por el momento en el Materno Infantil de Oviedo.

Tras su detención, se trasladó al joven marroquí a la comisaría de la ciudad, donde se comprobó la orden de prohibición de entrada en España que pesaba sobre él cuando aún era menor de edad. El detenido pasó el sábado a disposición judicial y el juez autorizó posteriormente su traslado a un Centro de Internamiento para Extranjeros.

TRABAS EN LA DEFENSA Una vez en comisaría, el joven se puso en contacto con las asociaciones que habían defendido su salida de prisión, que informaron a la Policía de que el menor había sido tutelado por la administración autonómica hasta finales de julio y carecía de documentación "por negligencia de las autoridades".

Además, aportaron copia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se explica que la administración incumplió la Ley de Extranjería al expulsar dos veces al menor y se aclara que no podrá ser repatriado a Marruecos "hasta que alcance la mayoría de edad". Pero no pudieron ver al joven ni conocer la identidad de su abogado de oficio hasta ayer, por lo que este letrado no tuvo toda la información necesaria para su defensa.

Las ONG´s que siguen el caso del joven denunciaron ayer que la no tramitación de los documentos supone por parte de Delegación de Gobierno y de la Consejería de Bienestar Social un incumplimiento del artículo 92 del Real Decreto 2393/2004, por el que se establece que la administración regularizará a los menores no acompañados si después de nueve meses no es posible la repatriación con su familia.

Zakariae A. fue acogido por el Principado hace más de dos años, en mayo del 2007, pero aún no disponía de los papeles necesarios para quedarse. Lo que sí puede demostrar es su edad. El consulado de Marruecos ha remitido un certificado que corrobora que el chico era menor cuando estuvo en Villabona y también las dos veces en las que se le expulsó.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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