Los juristas asturianos rechazan rebajar la edad penal a los menores

Los bebés, en un centro como el Materno Infantil, en Oviedo, se deterioran mucho, se daña su proceso evolutivo.

ELENA FERNÁNDEZ-PELLO

Casi veinte años de trabajo ininterrumpido con administraciones autonómicas e instituciones, evaluando sus políticas y ofreciéndoles asesoramiento, avalan las opiniones de Jorge Fernández del Valle sobre el sistema de protección de menores español. Desde 1989 dirige el Grupo de Investigación de Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, que ese año entregó su primera investigación, sobre absentismo escolar y a día de hoy, tras haber analizado el problema de la infancia desprotegida desde muy diversas perspectivas, realiza un informe sobre la situación de los menores extranjeros que, desde hace unos años, arriban a Asturias en solitario buscando un futuro laboral. Ése es un encargo del Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Simultáneamente, el equipo de Fernández del Valle trabaja para la Junta de Extremadura analizando el riesgo de enfermedad mental en niños tutelados y evalúa la situación de los niños con necesidades especiales en el sistema de protección para la organización Aldeas Infantiles. En su último libro publicado, «El acogimiento familiar en España», resultado de una investigación encomendada por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, ofrece una documentada visión sobre esa alternativa a los centros de menores.

-En España ¿quién y por qué acoge a un niño en situación de desprotección?

-El 80 por ciento de los niños son acogidos por su familia extensa -abuelos, tíos...-. La mayor parte son abuelos, entre un 60 y un 70 por ciento, y sería más exacto decir abuelas viudas, muy mayores, con dificultades económicas y muy dependientes de la Administración. Es frecuente que se hagan cargo del niño porque su hija tiene problemas con las drogas, padece una enfermedad mental o cumple pena en la cárcel. El caso español es excepcional. En Inglaterra el acogimiento en familia extensa es mínimo y en Europa central está igualado al acogimiento en familias ajenas.

-¿Y la razón?

-Los acogimientos en la familia extensa no las hace la Administración, las hace la familia de manera natural. Los abuelos o los tíos se hacen cargo del niño y, pasado un tiempo, se plantean la conveniencia de formalizar ese acogimiento, acuden a la Administración, los técnicos y educadores comprueban que la familia es adecuada y se oficializa el acogimiento. En Inglaterra, en una situación como ésa, lo más probable es que la Administración traslade al niño a otra familia, una familia ajena, al valorar que estará mejor con ella ya que las familias de origen suelen estar desestructuradas o tener problemas de marginalidad. La figura del acogimiento familiar en España no tiene más de veinte años, aparece con la ley de 1987, llevamos años de retraso, y el acogimiento en familia extensa se considera positivo; pero hay que ayudar mucho a esas familias, con apoyo económico, técnico y psicológico. El resto de países europeos está atravesando un período de recesión en el acogimiento, en parte por la incorporación generalizada de la mujer al mundo laboral.

-En España prevalece el vínculo biológico.

-Sí, se prima el criterio biológico y yo opino que eso es bueno. En Inglaterra no es así y ahora se lo están replanteando. Lo importante en estos casos es no dejar a los abuelos solos, ofrecerles una remuneración y asesorarlos. En Asturias están abocados a las subvenciones, que pueden suponer 200 o 300 euros al mes, y lo que hay que tener muy en cuenta es que el acogimiento, si no se apoya, se rompe.

-Y cuando se trata de una familia ajena...

-El perfil de esas familias de acogida corresponde al de un matrimonio con hijos, estabilidad y buena situación económica. Con hijos, para que no acojan a un niño para cubrir esa carencia, y con motivación altruista. Casi la mitad de las parejas afirman que lo hacen por ayudar a un niño que lo necesita. Uno de cada cinco acogimientos en familia ajena acaba en ruptura. El niño, sobre todo cuando se acerca a la adolescencia, suele presentar problemas de comportamiento y las familias necesitan mucho apoyo. Todos los niños que están en el sistema de protección han sufrido malos tratos o abusos graves; si el maltrato hubiera sido leve, seguirían con sus padres y la Administración intentaría trabajar dentro de la familia sin llegar a separarla. Los niños que entran en el sistema de protección padecen estrés postraumático; como se dice ahora, cargan con una pesada mochila.

-Si se tiene eso en cuenta, el porcentaje de fracasos parece pequeño.

-No nos gusta hablar de fracaso, preferimos hablar de ruptura o interrupción del acogimiento. El 80 por ciento de los niños se ajusta bien a las familias. Hasta los 8 o 9 años los niños suelen adaptarse sin muchos problemas; pasados los 10, siempre se trata de acogimientos especiales. En cualquier familia los problemas con los adolescentes son inevitables, más aún con estos niños. A principios de los años noventa se hizo una campaña de selección de familias de acogida: bastaba que quisieran tener un niño en su casa y se les entregaba. Eso dio lugar a muchos fracasos.

-¿Qué es lo que se requiere para cuidar a uno de estos niños?

-Hace falta formación, ocho o diez sesiones en las que se enseñe a las potenciales familias de acogida cómo son estos niños, qué problemas tienen, cómo han de responder ante algunas actitudes, cómo deben afrontar las visitas de los padres biológicos... Ese período de formación ya funciona como un filtro, muchos se dan cuenta de que eso no es lo que ellos buscan. Luego las familias que deciden seguir adelante necesitan apoyo. Incluso en los casos de acogimiento por parte de la familia extensa, de unos abuelos o unos tíos, es necesaria la formación.

-La tendencia es profesionalizar la acogida. El Instituto Asturiano de Atención a la Infancia ya se plantea remunerar a familias preparadas específicamente para prestar este servicio.

-Es lo que se ha dado a conocer como el modelo de Oregón, en Estados Unidos, un modelo que data de los años ochenta y que se aplica en el ámbito penal. Es muy bueno, requiere formación muy potente y apoyo las 24 horas. La formación de esas familias les permite hacer frente a cualquier contingencia: a una huida, a un episodio de agresividad... Tienen un teléfono al que pueden llamar a cualquier hora pidiendo ayuda. No son familias de acogida tal como lo entendemos aquí, sino que funcionan como un programa más. Desde hace cinco años este modelo se está aplicando en los países nórdicos, en una fase piloto. En España sólo hay algo similar en Guipúzcoa: la Administración contrata a profesionales -educadores, psicólogos...- para que trabajen el acogimiento, cobrando 2.000 euros mensuales brutos, más otros 1.000 para gastos de mantenimiento. Cataluña contempla esa posibilidad en su legislación, y también Canarias, pero aún no la han desarrollado.

-Entonces, ¿los centros de menores están abocados a desaparecer?

-Mantener una amalgama de adolescentes en un centro, con déficit de atención o hiperactividad, dispara los problemas. Tres o cuatro menores atendidos en un piso por un par de profesionales permite que se desarrollen más adecuadamente. Los bebés, en un centro como el Materno Infantil, en Oviedo, se deterioran mucho, se daña su proceso evolutivo. Un niño de 0 a 3 años necesita una vinculación, una figura única, y en un centro hay una persona que lo cambia por la mañana, otra que le da de comer, otra distinta lo acuesta... Mallorca no tiene bebés en centros y lo ha conseguido con una campaña muy intensa, que ha permitido estabilizar a las familias de acogida. En los últimos quince años, concienciando y cuidando a las familias, en Mallorca han acabado con los centros para niños de 0 a 3 años y no han necesitado profesionalizar la acogida. Dispone de 70 familias estables, dispuestas a acoger un niño en cualquier momento. Tampoco hay centros para bebés en Inglaterra ni en la mayoría de los países europeos. A día de hoy, el sistema de protección de menores español tiene a muchos más niños viviendo en centros que en el ámbito familiar.

-¿No hay excepciones? ¿No hay ocasiones en las que es mejor que el niño permanezca en un centro?

-A veces no hay otra opción, ése es el caso de los «menas» -los menores extranjeros no acompañados-, de un adolescente de 15 años con problemas de salud mental o un niño con un vínculo afectivo muy fuerte con su madre, que por una enfermedad mental es negligente con él, y que rechazaría a otra figura materna. En los acogimientos entre 0 y 3 años no hay ninguna duda, hasta los 6 años pocas y a los 8 y 9 años hay que valorarlo más detenidamente. Un hogar y una familia no siempre son lo mejor para un niño, no hay una norma. Eso es lo que ha aprendido el sistema en estos últimos años.

-¿Y en términos económicos...?

-Siempre es más caro un centro de menores. Una plaza en un centro como el de Noreña no baja de los 4.000 euros, con servicios de vigilancia, limpieza... En Guipúzcoa, una familia cobra 3.000.

-La separación de la familia de acogida supone un nuevo trauma.

-Produce cierto desgarro, tanto en la familia de acogida como en el niño, y es algo que hay que tratar en los cursos de formación, pero a la familia le queda la satisfacción de haber ayudado a un pequeño que lo necesitaba y el apego no daña al niño, lo que le causa daño es la falta de vínculos. Es mejor que un niño se vincule a una familia y luego a otra, incluso a una tercera, en las que se sienta querido, a que permanezca en un centro sin ningún vínculo emocional. En España, una singularidad es que muchos acogimientos simples se acaban convirtiendo en permanentes, a los 18 años siguen acogidos. Eso significa que falla el trabajo con la familia de origen.

-Pero esa estabilidad es buena para el niño.

-Cuando sucede algo así, el 80 por ciento de los chicos sigue con sus acogedores a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, incluso se dan adopciones, pero lo que es bueno para el menor es malo para los acogimientos porque esa familia ya no acogerá a más niños. En España, sólo el 1,5 por ciento de las familias acogen sucesivamente.

-¿Dice que falla el trabajo con las familias de origen?

-Sí, hay que dedicarles más recursos. El sistema español es conciliador. En Inglaterra un padre dispone de un año para recuperar a su hijo; pasado el año, lo pierde. En España podía reclamarlo sin importar el tiempo transcurrido. La nueva legislación ofrece dos meses para oponerse a la pérdida de la tutela y dos años para reclamarla, una vez perdida. Eso no puede ser, hay que favorecer las adopciones. El supremo interés del niño, en nombre del que se legisla, no es estar cinco años esperando a que su padre se recupere en una clínica de desintoxicación o de una enfermedad mental. Y hay que introducir nuevas fórmulas: acogimientos permanentes y adopciones abiertas, en los que la familia biológica mantiene el contacto con el niño. Pero es muy fácil recurrir a un centro de menores, y la inmensa mayoría funciona muy bien. Además, España tiene el inconveniente de ser un Estado de autonomías, expuesto a todos los vaivenes de los gobiernos regionales y con disparidad de criterios. En Guipúzcoa una familia acogedora recibe unos 500 euros mensuales, en Asturias debe estar en unos 300, y en Andalucía, en unos 250.

-La Consejería de Bienestar Social le ha encomendado un informe sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en el Principado.

-Ése es un fenómeno que se da en todas las comunidades. En Murcia son chavales de Europa del Este, en Asturias marroquíes y en Guipúzcoa subsaharianos. Existe una red de contactos, se llaman por el móvil y tienden a reunirse allí donde reciben una buena respuesta. Se comete el error de tratarlos a todos por igual, pero hay una gran diversidad: no es lo mismo un subsahariano que un chico de los barrios de Tánger. En general, son chicos con muchos menos problemas de conducta que los locales, vienen a trabajar y quieren conseguir papeles. Están muy motivados. Muchos han trabajado desde los siete años, han pasado por experiencias difíciles y están muy endurecidos, tienen una capacidad de resistencia mucho mayor que nuestros niños. Hay un grupo pequeño, pero muy llamativo, que puede plantear problemas; pero si en Asturias hay 60 menores extranjeros, no hay ni 5 en esa situación. Ese porcentaje es mucho mayor entre los chicos de aquí. El problema que tienen que superar los menores extranjeros es el choque cultural. Llegan de un país en el que, quizás, el castigo por robar es recibir unos latigazos. Aquí robas y no pasa nada. Cosas como ésa les rompen los esquemas.

-¿Cómo afrontar la situación de esos chavales?

-Necesitan programas específicos, de adultos en transición, ayudas a la inserción laboral... En general, las administraciones no quieren dar papeles con facilidad, para evitar colapsos en el sistema. Vizcaya tiene un cupo y recursos para 400 «menas», y ya está. A partir de ahí no hay papeles para más. Hay que tener alguna estrategia, está claro, pero si yo fuera educador estaría encantado de trabajar con chicos como ésos.

fuente: La Nueva España