jueves, junio 4

ONG afirma que Junta tarda "hasta ocho meses" en declarar en desamparo a los MENA

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La ONG Andalucía Acoge advirtió hoy de que la Junta de Andalucía ( N.ED.:¿¿ SOLO EN ANDALUCIA??) está tardando en algunos casos "hasta siete u ocho meses" en declaran en desamparo formal a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a Andalucía.

   Según indicó a Europa Press la presidenta de Andalucía Acoge, Mamen Castellanos, la ONG viene detectando que las declaraciones de desamparo de los MENA "se está haciendo tarde, con hasta siete u ochos meses de retraso".

   Así, precisó que, aunque los menores inmigrantes no acompañados son acogidos en los centros de protección de la Junta cuando llegan a Andalucía "no se les reconoce formalmente como desamparados, en algunos casos, hasta ocho meses más tarde, cuando lo normal es que se tarde dos o tres meses desde que entran en el centro".

   Esta situación se da, según la presidenta, de manera más acusada en algunas provincias, como el caso de Granada, "lo que sitúa a los menores en situación de vulnerabilidad y puede conllevar la imposibilidad de conseguir documentación", aunque, recordó, para ello se establece un máximo de nueve meses desde que llegan a España.

   Castellanos sugirió que detrás de esta situación puede encontrarse la intención de promocionar la reagrupación familiar     ( NE: repatriaciones forzadas), pero recordó que, aunque su familia esté en condiciones de acogerlo "en esos momentos se encuentra solo en Andalucía sin nadie que lo tutele, por lo que la declaración de desamparo debería de ser inmediata".

   Además, recordó que, en el caso de los menores españoles, se precisa de una orden judicial (¿¿??¡!) de declaración de desamparo para que pueda efectuarse su ingreso en un centro de protección, lo que genera una situación de "discriminación" para los MENA.

   Por su parte, la responsable de Relaciones Internacionales de laAsociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-a), Brigitte Espuche, insistió en que, tanto la legislación de protección de menores como la de Extranjería obligan a declarar en desamparo a los menores extranjeros no acompañados que lleguen a España, por lo que "hablar de menores solos pero no en desamparo no tiene ningún fundamento jurídico".

   De este modo, criticó que la Junta habla de "verdaderos y falsos MENA", refiriéndose, en este último caso, a que "son menores que proceden de familias de clase media-alta y los envían a España como si de estudiantes Erasmus se tratase para aprovecharse de los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía".

   Con estas declaraciones, la Junta de Andalucía "no trata más que de justificar el recorte de derechos fundamentales de los MENA, para argumentar que al no estar en desamparo, no tiene la obligación de acogerlos y protegerlos, olvidando que la legislación española, nos guste o no nos guste "estipula que todo menor que se encuentra en territorio español sin la presencia de un adulto responsable que responda a sus necesidades materiales y afectivas de manera habitual, el caso de los MENA, es un menor que debe de ser declarado en desamparo", apuntó.

   También, en este sentido, advirtió de que "la falta de recursos económicos o de infraestructuras de la Administración no puede ser un criterio para la repatriación y en ningún caso es un problema de los MENA, sino de la Junta".

"CRIMINALIZAR A LOS MENORES EXTRANJEROS"

   Además, subrayó que la declaración de desamparo "no es una mera formalidad", ya que permite que el niño "pueda estar acogido y tutelado por la Junta y que se regularice su situación administrativa con un máximo de nueve meses después de su llegada a España".

   Por otro lado, recordó que el pasado año, Apdh-a junto con Andalucía Acoge y Acción en Red hicieron pública una circular en la que la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social instaba a sus delegados provinciales a "no declara en desamparo a los MENA próximos a la mayoría de edad para poder justificar la futura repatriación".

   "Todo esto son maniobras absurdas para cambiar el imaginario colectivo y que los MENA no sean vistos como menores, sino como candidatos a la inmigración irregular y así criminalizarlos", lamentó.

   Por su parte, la directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, aseguró hoy que los 863 menores extranjeros no acompañados (MENA) que se encuentran tutelados por la Administración autonómica "tienen iniciado y, en muchos casos finalizado, el procedimiento de declaración de desamparo".

   Según indicó Belinchón a Europa Press, afirmó que el primer paso que da la Junta de Andalucía cuando un MENA llega a las costas andaluzas es "declarar la tutela de hecho" para luego dar paso al procedimiento de tutela de derecho o declaración de desamparo formal, rechazando, de este modo, que la Administración autonómica "infrinja la ley" en este sentido tal y como apunta el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, en su informe anual de 2008.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ong-afirma-junta-tarda-ocho-meses-declarar-desamparo-mena-20090602173502.html

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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