ANTONIO ARIAS Miembro de la Sindicatura de Cuentas
Oviedo, M. MARTÍNEZ
Antonio Arias, licenciado en Económicas y Derecho, es síndico desde 1995 (propuesto por IU). Previamente había sido interventor de la Universidad de Oviedo y gerente de la Universidad de Salamanca.
-¿Por qué la Sindicatura de Cuentas quiere fiscalizar cinco entidades en las que el Principado no es mayoritario?
-Las directrices técnicas que se aprueban para cada fiscalización anual, y que elaboraron los funcionarios de la Sindicatura, incluían esas cinco entidades. Nadie se opuso. Después, por razones que desconozco, se intenta presentar el asunto como una absurda conspiración política. Nada más lejos de la realidad. Se puede discrepar de nuestros informes técnicos, pero esto ya pasa de la raya.
-¿Pero estas entidades son públicas o no?
-Sector público es lo financiado con fondos públicos o gobernado por el poder público. Pues bien, nosotros hemos entendido que estas fundaciones forman parte del perímetro de consolidación de la Administración, porque ésta tiene dominio efectivo sobre su gestión, que se relaciona no sólo con participación mayoritaria en un accionariado o un patronato, sino que condiciona decisivamente la financiación de sus actividades. Se es Fundación o sociedad de interés público para lo bueno y para lo malo: para financiarse y para ser controlada. Y me baso en las normas internacionales de contabilidad del sector público, que son un modelo de general aceptación en la comunidad financiera internacional.
-Sin embargo, el síndico mayor se opuso a esa fiscalización.
-Está en su derecho, pero también los demás vocales estamos en el nuestro. El síndico mayor sólo es «mayor» para pagar la nómina y representar a la institución. No hay jerarquía ni prevalencia alguna. Su voto tiene el mismo valor que el de los restantes síndicos, salvo empate. El sabrá por qué lo hace. Yo dejé motivado mi voto por escrito. Cosa que nadie sabe y, si me apura, nadie debería conocer su contenido, porque nuestros debates y el sentido de nuestro voto deberían ser reservados.
-También los letrados de la Junta General se oponen.
-Desconozco los informes. Respeto el trabajo de los letrados de la Cámara, pero ellos también deben respetar el mío. A mi juicio, no tiene nada que ver la obligación de comparecer en la Cámara, de la que pueden estar excluidos los gestores de tales entidades, con su inexcusable sometimiento al control financiero y contable por la Sindicatura.
-¿Qué pasará?
-Yo aceptaré disciplinadamente lo que diga la Cámara, pero en este campo no dejaré vendido a quien me sustituya dentro de dos años. Ni mucho menos pueden cambiarse los informes ya aprobados. La ley de la Sindicatura marca sus principios: independencia, legalidad y control de los fondos públicos. Nada se dice de servidumbres ni manipulaciones políticas. No entiendo la obstinación de algunos en no controlar, cuando lo transparente y ético es justamente lo contrario.
-¿Se sienten presionados?
-A veces es insoportable.
fUENTE: La nueva españa
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Colectivo SocialyJusticia
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