jueves, abril 30

Fwd: «A veces es insoportable la presión sobre la Sindicatura de Cuentas, pasa de la raya»




ANTONIO ARIAS Miembro de la Sindicatura de Cuentas

Oviedo, M. MARTÍNEZ
Antonio Arias, licenciado en Económicas y Derecho, es síndico desde 1995 (propuesto por IU). Previamente había sido interventor de la Universidad de Oviedo y gerente de la Universidad de Salamanca.

-¿Por qué la Sindicatura de Cuentas quiere fiscalizar cinco entidades en las que el Principado no es mayoritario?

-Las directrices técnicas que se aprueban para cada fiscalización anual, y que elaboraron los funcionarios de la Sindicatura, incluían esas cinco entidades. Nadie se opuso. Después, por razones que desconozco, se intenta presentar el asunto como una absurda conspiración política. Nada más lejos de la realidad. Se puede discrepar de nuestros informes técnicos, pero esto ya pasa de la raya.

-¿Pero estas entidades son públicas o no?

-Sector público es lo financiado con fondos públicos o gobernado por el poder público. Pues bien, nosotros hemos entendido que estas fundaciones forman parte del perímetro de consolidación de la Administración, porque ésta tiene dominio efectivo sobre su gestión, que se relaciona no sólo con participación mayoritaria en un accionariado o un patronato, sino que condiciona decisivamente la financiación de sus actividades. Se es Fundación o sociedad de interés público para lo bueno y para lo malo: para financiarse y para ser controlada. Y me baso en las normas internacionales de contabilidad del sector público, que son un modelo de general aceptación en la comunidad financiera internacional.

-Sin embargo, el síndico mayor se opuso a esa fiscalización.

-Está en su derecho, pero también los demás vocales estamos en el nuestro. El síndico mayor sólo es «mayor» para pagar la nómina y representar a la institución. No hay jerarquía ni prevalencia alguna. Su voto tiene el mismo valor que el de los restantes síndicos, salvo empate. El sabrá por qué lo hace. Yo dejé motivado mi voto por escrito. Cosa que nadie sabe y, si me apura, nadie debería conocer su contenido, porque nuestros debates y el sentido de nuestro voto deberían ser reservados.

-También los letrados de la Junta General se oponen.

-Desconozco los informes. Respeto el trabajo de los letrados de la Cámara, pero ellos también deben respetar el mío. A mi juicio, no tiene nada que ver la obligación de comparecer en la Cámara, de la que pueden estar excluidos los gestores de tales entidades, con su inexcusable sometimiento al control financiero y contable por la Sindicatura.

-¿Qué pasará?

-Yo aceptaré disciplinadamente lo que diga la Cámara, pero en este campo no dejaré vendido a quien me sustituya dentro de dos años. Ni mucho menos pueden cambiarse los informes ya aprobados. La ley de la Sindicatura marca sus principios: independencia, legalidad y control de los fondos públicos. Nada se dice de servidumbres ni manipulaciones políticas. No entiendo la obstinación de algunos en no controlar, cuando lo transparente y ético es justamente lo contrario.

-¿Se sienten presionados?

-A veces es insoportable.

fUENTE: La nueva españa



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Colectivo SocialyJusticia

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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