¿Conocían la situación denunciada en el informe del Defensor del Pueblo?
No, si nos hubiera constado cualquier situación ilegal, habríamos formulado las denuncias exigibles.
Se denuncia la falta de protocolos de actuación...
En estos centros faltan recursos, preparación de los empleados, protocolos de actuación y equipos estables.
Lo cual no disculparía una mala praxis por parte de un educador social. Tan sólo existen algunos proyectos o papeles de las administraciones, redactados sin contar con las asociaciones profesionales, no una reglamentación específica.
¿Se desentiende la Administración del control de los centros?
Es la última responsable de los menores: si opta por delegar en instituciones privadas la gestión de los centros, debería exigir unos criterios altísimos de calidad. No debe contratar únicamente en función de qué proyecto es más barato.
¿Crece el número de centros en manos de organizaciones privadas?
En centros de protección, y también en centros de reforma, la tendencia de la mayoría de las autonomías es la de ceder la gestión a entidades privadas.
A veces los centros son públicos, pero con una gestión privada. Es una tendencia que
respetamos, pero sólo si se delega en proyectos que garanticen políticas de calidad.
¿Y ahora no se hace?
La exigencia con los centros de titularidad privada por parte de las administraciones podría ser mayor. Debería ser mayor.
El Defensor también critica la falta de preparación de los educadores sociales...
Somos profesionales de la educación, pero muchas veces, por falta de medios o normativas,nos vemos obligados a actuar en casos en los que no nos correspondería hacerlo.
En estos centros se necesitan trabajadores con muchos tipos de perfiles que no son el nuestro. No se cuida al trabajador,se le paga mal, no se le da la oportunidad de seguir formándose, no se le da estabilidad en sus turnos y libranzas.
Así, su trabajo se resiente. Hay que cuidar al cuidador.
FUENTE: Publico
Extraido: Edacion Xocial
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