viernes, enero 16

Aprobada la ley europea contra el racismo y la xenofobia

 

 

 

 

Aprobada la ley europea contra el racismo y la xenofobia

 

Hasta tres años de cárcel para los que difundan ideologías racistas

 

 

 

 

Queridas amigas y amigos: La cumbre de Bruselas celebrada el pasado día 16 de septiembre ha dado uno de sus primeros y más importantes frutos: los racistas podrán ser condenados, como mínimo a tres años de cárcel por cometer cualquiera de los delitos que la nueva ley europea contempla.

 

Las autoridades comunitarias han entendido, y así lo dice la propia ley, que “el racismo y la xenofobia constituyen una amenaza con­tra los grupos de personas que son objeto de dicho comportamiento”.  En consecuencia, “es necesario definir un enfoque penal del racismo y la xenofobia que sea común a la Unión Europea con el fin de que el mismo comportamiento constituya un delito en todos los Estados miembros y se establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y di­suasorias contra las personas físicas y jurídicas que co­metan tales delitos o que sean responsables de los mis­mos”.

 

Nos alegra profundamente que el Comisario Jacques Barrot, Comisario europeo de Justicia y Seguridad, haya impulsado eficazmente este texto que llevaba demasiado tiempo esperando su promulgación. Todos los gitanos presentes en la Cumbre de Bruselas recordarán como el comisario Barrot se comprometió personalmente conmigo y con la asamblea allí reunida a poner freno a los comportamientos racistas tanto individuales como colectivos o institucionales. “El racismo y la xenofobia no deben tener cabida en Europa”, declaró Barrot, “y deben castigarse severamente, con medidas duras y eficaces, ya que la intolerancia es una violación directa de los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sobre las que está fundada la Unión Europea”.

 

A partir de ahora cada Estado miembro deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que se castiguen las siguientes conductas inten­cionadas:

 

ü      La incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico;

 

ü      La comisión de uno de los actos a que se refiere el párrafo anterior mediante la difusión o reparto de escritos, imágenes u otros materiales;

 

ü      La apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como se definen en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigida contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico cuando las con­ductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo;

 

Los veintisiete países miembros de la Unión Europea disponen ahora de un plazo de dos años para integrar esta norma en sus respectivas legislaciones aunque el cumplimiento de lo estipulado en la misma es de obligado cumplimiento para todos los Estados desde este mismo instante y, por lo tanto, susceptible de ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo su eventual incumplimiento por los órganos jurisdiccionales obligados a su aplicación.

 

Podemos felicitarnos por este importante logro en el que el movimiento gitano español y europeo han jugado una importantísima baza para su consecución.

 

 

 

 

 

Juan de Dios Ramírez-Heredia

Presidente de la Unión Romaní

 

 

El texto íntegro de la ley podéis encontrarlo en la página web de nuestra organización tecleando en Internet www.unionromani.org

 

 

 

UNION ROMANI
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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