domingo, octubre 12

La cuota mínima de aprobados indigna a la comunidad educativa


La cuota mínima de aprobados exigida por la Consejería de Educación a los colegios ha provocado un gran malestar en la comunidad educativa. Sindicatos, docentes y padres piensan que obligar a aumentar las tasas de rendimiento puede adulterar las estadísticas. Además señalan que ligar la carrera profesional, y por tanto, los salarios de los docentes, al éxito escolar es un cóctel difícil de digerir. Tan sólo las familias de la pública lo ven como un revulsivo para mejorar la calidad de la enseñanza.

La medida ha pillado por sorpresa a los profesionales. De hecho, algunos profesores consultados ayer por LA VOZ todavía no han recibido por correo electrónico esa circular en la que se les explica cómo deben redactar su planificación individual para el curso, una planificación que será evaluada. Tampoco algunos directores conocen la carta que fija los dos objetivos mínimos que debe cumplir los centros, aumentar un 1% la tasa de aprobados y reunirse de forma individual con, al menos, el 70% de los padres.

El vicepresidente de la asociación de directores de Secundaria y director del Alfonso II, Francisco Diego Llaca, explicó que su colectivo se reunirá la próxima semana con la Inspección para hablar de este plan. Sin embargo, adelantó que "enseñar no es aprobar; conseguir que todos promocionen es lo ideal pero no es la realidad de los centros". Un ejemplo es la atención a la diversidad, con alumnos con necesidades educativas que no llegan a los mínimos o la adaptación de los inmigrantes recién llegados al sistema. El objetivo no es difícil de cumplir, pero recueda al consejero, José Luis Iglesias Riopedre, que se corren riesgos.

El presidente de la asociación de padres de la concertada, José Manuel Martínez, es incluso más contundente: "Es algo ridículo. Esto es una demostración más de que a la Administración lo único que le interesa son las estadísticas, para vender que todo va muy bien aunque no sea verdad. Encima si va ligado a las retribuciones lo que están haciendo es incitar al profesorado a aprobar".

Por el contrario, Jesús Fernández, el presidente de la federación Miguel Virgós, mayoritaria en la escuela pública, cree que no se pretende rebajar el listón sino "poner toda la carne en el asador". A su juicio, son medidas "importantes" que no parecen "difíciles de conseguir". El no piensa que se puedan adulterar las estadísticas, ya que "existen pruebas externas como Pisa o la evaluación de diagnóstico que nos dicen si el nivel es real".

El frente sindical en este caso es unitario. Todos reclaman la retirada. FETE-UGT emitió un comunicado exigiendo la retirada del documento, en términos similares al que había redactado unos días antes el pleno de la Junta de Personal Docente. Suatea califica el proyecto de "aberrante" desde el punto de vista educativo. ANPE por su parte dice que es "un experimento" que no traerá "nada positivo".

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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