
La cuota mínima de aprobados exigida por la Consejería de Educación a los colegios ha provocado un gran malestar en la comunidad educativa. Sindicatos, docentes y padres piensan que obligar a aumentar las tasas de rendimiento puede adulterar las estadísticas. Además señalan que ligar la carrera profesional, y por tanto, los salarios de los docentes, al éxito escolar es un cóctel difícil de digerir. Tan sólo las familias de la pública lo ven como un revulsivo para mejorar la calidad de la enseñanza.
La medida ha pillado por sorpresa a los profesionales. De hecho, algunos profesores consultados ayer por LA VOZ todavía no han recibido por correo electrónico esa circular en la que se les explica cómo deben redactar su planificación individual para el curso, una planificación que será evaluada. Tampoco algunos directores conocen la carta que fija los dos objetivos mínimos que debe cumplir los centros, aumentar un 1% la tasa de aprobados y reunirse de forma individual con, al menos, el 70% de los padres.
El vicepresidente de la asociación de directores de Secundaria y director del Alfonso II, Francisco Diego Llaca, explicó que su colectivo se reunirá la próxima semana con la Inspección para hablar de este plan. Sin embargo, adelantó que "enseñar no es aprobar; conseguir que todos promocionen es lo ideal pero no es la realidad de los centros". Un ejemplo es la atención a la diversidad, con alumnos con necesidades educativas que no llegan a los mínimos o la adaptación de los inmigrantes recién llegados al sistema. El objetivo no es difícil de cumplir, pero recueda al consejero, José Luis Iglesias Riopedre, que se corren riesgos.
El presidente de la asociación de padres de la concertada, José Manuel Martínez, es incluso más contundente: "Es algo ridículo. Esto es una demostración más de que a la Administración lo único que le interesa son las estadísticas, para vender que todo va muy bien aunque no sea verdad. Encima si va ligado a las retribuciones lo que están haciendo es incitar al profesorado a aprobar".
Por el contrario, Jesús Fernández, el presidente de la federación Miguel Virgós, mayoritaria en la escuela pública, cree que no se pretende rebajar el listón sino "poner toda la carne en el asador". A su juicio, son medidas "importantes" que no parecen "difíciles de conseguir". El no piensa que se puedan adulterar las estadísticas, ya que "existen pruebas externas como Pisa o la evaluación de diagnóstico que nos dicen si el nivel es real".
El frente sindical en este caso es unitario. Todos reclaman la retirada. FETE-UGT emitió un comunicado exigiendo la retirada del documento, en términos similares al que había redactado unos días antes el pleno de la Junta de Personal Docente. Suatea califica el proyecto de "aberrante" desde el punto de vista educativo. ANPE por su parte dice que es "un experimento" que no traerá "nada positivo".
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