jueves, septiembre 11

Los sindicatos llaman al boicot para evitar que evalúen a los docentes


Las palabras insumisión y boicot vuelven a cruzarse en el camino del sistema educativo asturiano. Los sindicatos hicieron ayer un llamamiento al profesorado para que haga un frente común contra el plan del Gobierno del Principado de evaluar su labor en las aulas y para que se nieguen a participar en todas las actividades que les proponga la Consejería de Educación. La propuesta parte de la Junta de Personal Docente no Universitaria, órgano que integra a todas las organizaciones con representación, que considera que esta forma de actuar es mercantilista y que no responde a los criterios de calidad que merece la escuela pública. Incluso vaticinan los problemas organizativos que esta iniciativa causará en los centros, ya que supone una carga de trabajo que no redundará en beneficio de los estudiantes.

Los sindicatos ya hablan de "un otoño caliente". Como todavía no se sabe en qué va a consistir exactamente la evaluación del profesorado, qué criterios se seguirán y cuándo arrancará --aunque ya son conscientes de que será a lo largo del curso que hoy comienza--, por el momento sólo recomiendan a los docentes que se nieguen a realizar cualquier gestión que les pidan o a rellenar los documentos que les pasen relacionados con este plan. Para ampliar la información se pondrán en contacto con todos los centros.

La junta de personal también se dirige a la Administración. Exige la retirada inmediata de esta normativa --que es común a los funcionarios del Principado y que ya ha salido publicada en el BOPA-- y la apertura inmediata de negociaciones. Aunque no da un plazo concreto, señala que si el Gobierno no rectifica comenzará a convocar asambleas y a programar medidas de presión, "sin descartar ninguna", lo que supone una velada referencia a la huelga.

EL DETONANTE La reacción sindical es consecuencia de la reunión con el consejero, José Luis Iglesias Riopedre, mantuvo el martes con los directores de Primaria y Secundaria y en la que les informó que ellos, junto con el servicio de Inspección, serían los encargados de evaluar y puntuar al profesorado, dentro de un plan experimental, que en el futuro podría traducirse en incentivos. Riopedre les dijo a los directores que además era una forma de "reforzar su autoridad" dentro del claustro.

Por qué la junta de personal considera que este programa es tan negativo como para llamar a la insumisión? Existen dos clases de motivos. El primero es que la iniciativa no ha sido negociada, por lo que creen que se está vulnerando la LOE, que exige la participación de los docentes en cualquier proceso de evaluación y que sólo faculta a los inspectores para realizarla y no a los directores. La segunda causa es que "no responde a ningún criterio de mejora de los centros". Los sindicatos piensan que puede causar "graves disfunciones", al aumentar la burocracia interna de los colegios.

Por su parte, la asociación de directores de Secundaria se mantiene a la expectativa. En principio, su presidente, Francisco Alonso, cree que no tiene porqué ser negativo, pero aún no conocen en qué consistirá la evaluación. Alonso adelanta que puntuarán aspectos como los cursos de reciclaje y formación y que habrá notas comunes para todos los profesores, relacionadas con el funcionamiento de los propios centros.

Fuente:lavozdeasturias/SDM

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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