El 11 de julio, María Teresa Fernández de la Vega evaluó en una rueda de prensa los tres años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. La vicepresidenta rechazó los “triunfalismos mientras una sola mujer muera asesinada” para luego afirmar que “las mujeres están más protegidas, disponen de más información y recursos para salir de su situación y cuentan con derechos sociales y económicos para abordar su futuro”.
Un día antes, Amnistía Internacional (AI) había pedido al Gobierno que “priorice” la lucha contra la violencia de género y asegurando que la ley “ha tenido poco impacto en aspectos fundamentales del recorrido” de las mujeres maltratadas. Según el informe Obstinada realidad, derechos pendientes, “la atención sanitaria de calidad, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la consolidación del principio de no discriminación siguen siendo compromisos sin cumplir”. AI emplazó al Gobierno a “cumplir con sus obligaciones y realizar una completa evaluación que no sólo recoja las medidas puestas en marcha, sino su impacto”, tal como establecen la ONU y la ley.
Fuente: diagonal
Según María Naredo, autora del informe, “los avances en el ámbito sanitario, al que acuden todas las maltratadas, sólo han sido en el papel”. A cinco meses de finalizar el Plan Nacional de Sensibilización 2007-08, que preveía formar al grueso de profesionales sanitarios, “no hay un plan de formación con acciones, calendario y presupuesto definidos”. El grupo de trabajo de Sanidad no se reúne desde 2007. El Protocolo Común de Actuación Sanitaria “no se ha desarrollado con equidad territorial. Los avances son en Comunidades que ya eran pioneras antes de la ley : Canarias, Cantabria, Asturias y Castilla y León”.
El derecho a la asistencia social integral “sigue sin materializarse en todas las Comunidades”. La Casa Malva de Asturias es el único centro de recuperación integral y se continúan utilizando hostales y albergues como ‘centros de emergencia’. Según Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI, el presupuesto para Comunidades y Corporaciones Locales “se ha reducido a la mitad. Al pasar del fondo para atención integral a financiar ‘proyectos innovadores”, decreció de 12 millones de euros en 2006 a 6,5 millones en 2007 y 2008. Álvarez afirmó que la ley “requiere financiación estable, disponibilidad de recursos y accesibilidad”. Para Naredo, “algo está fallando cuando se reducen fondos mientras las asesinadas aumentan”.
Según Naredo, las mujeres con dificultades añadidas como enfermedades mentales, alcoholismo, drogodependencias o situaciones de marginación “no son admitidas en los recursos para las víctimas ni disponen de otros especializados”. La asistencia letrada inmediata y especializada para denunciar y pedir protección “no se garantiza por falta de turnos de guardia de 24 horas en bastantes colegios de abogacía”, así como de “formación de agentes policiales que no estén en unidades especializadas”. AI denuncia que “las medidas de protección son poco eficaces y los efectivos dedicados a ello, escasos” : el número de denunciantes asesinadas ha crecido en diez puntos de 2005 a 2007. Ese año murieron 12 mujeres con orden de protección.
Los juzgados de violencia de género, medida estrella de la ley, afrontan “sobrecarga de trabajo, falta de formación de personal y medios”, lo que incide en una “revictimización” de las mujeres : las causas sobreseídas crecieron en un 180% de 2005 a 2007. La persecución e investigación de delitos “no han mejorado”. AI acusa de “inacción” al Ministerio Fiscal por solicitar el archivo de actuaciones sin la debida diligencia en muchos casos. Por último, la ley no recoge el derecho a la reparación de las víctimas y sólo se indemniza a las que acrediten haber sufrido una violencia que las incapacitara temporalmente durante más de seis meses.
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