miércoles, agosto 13

VIOLENCIA DE GÉNERO : AMNISTÍA CRITICA QUE LA LEY NO SE APLICA A FONDO


El 11 de julio, María Teresa Fernández de la Vega evaluó en una rueda de prensa los tres años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. La vicepresidenta rechazó los “triunfalismos mientras una sola mujer muera asesinada” para luego afirmar que “las mujeres están más protegidas, disponen de más información y recursos para salir de su situación y cuentan con derechos sociales y económicos para abordar su futuro”.

Un día antes, Amnistía Internacional (AI) había pedido al Gobierno que “priorice” la lucha contra la violencia de género y asegurando que la ley “ha tenido poco impacto en aspectos fundamentales del recorrido” de las mujeres maltratadas. Según el informe Obstinada realidad, derechos pendientes, “la atención sanitaria de calidad, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la consolidación del principio de no discriminación siguen siendo compromisos sin cumplir”. AI emplazó al Gobierno a “cumplir con sus obligaciones y realizar una completa evaluación que no sólo recoja las medidas puestas en marcha, sino su impacto”, tal como establecen la ONU y la ley.


Fuente: diagonal

Según María Naredo, autora del informe, “los avances en el ámbito sanitario, al que acuden todas las maltratadas, sólo han sido en el papel”. A cinco meses de finalizar el Plan Nacional de Sensibilización 2007-08, que preveía formar al grueso de profesionales sanitarios, “no hay un plan de formación con acciones, calendario y presupuesto definidos”. El grupo de trabajo de Sanidad no se reúne desde 2007. El Protocolo Común de Actuación Sanitaria “no se ha desarrollado con equidad territorial. Los avances son en Comunidades que ya eran pioneras antes de la ley : Canarias, Cantabria, Asturias y Castilla y León”.

El derecho a la asistencia social integral “sigue sin materializarse en todas las Comunidades”. La Casa Malva de Asturias es el único centro de recuperación integral y se continúan utilizando hostales y albergues como ‘centros de emergencia’. Según Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI, el presupuesto para Comunidades y Corporaciones Locales “se ha reducido a la mitad. Al pasar del fondo para atención integral a financiar ‘proyectos innovadores”, decreció de 12 millones de euros en 2006 a 6,5 millones en 2007 y 2008. Álvarez afirmó que la ley “requiere financiación estable, disponibilidad de recursos y accesibilidad”. Para Naredo, “algo está fallando cuando se reducen fondos mientras las asesinadas aumentan”.

Según Naredo, las mujeres con dificultades añadidas como enfermedades mentales, alcoholismo, drogodependencias o situaciones de marginación “no son admitidas en los recursos para las víctimas ni disponen de otros especializados”. La asistencia letrada inmediata y especializada para denunciar y pedir protección “no se garantiza por falta de turnos de guardia de 24 horas en bastantes colegios de abogacía”, así como de “formación de agentes policiales que no estén en unidades especializadas”. AI denuncia que “las medidas de protección son poco eficaces y los efectivos dedicados a ello, escasos” : el número de denunciantes asesinadas ha crecido en diez puntos de 2005 a 2007. Ese año murieron 12 mujeres con orden de protección.

Los juzgados de violencia de género, medida estrella de la ley, afrontan “sobrecarga de trabajo, falta de formación de personal y medios”, lo que incide en una “revictimización” de las mujeres : las causas sobreseídas crecieron en un 180% de 2005 a 2007. La persecución e investigación de delitos “no han mejorado”. AI acusa de “inacción” al Ministerio Fiscal por solicitar el archivo de actuaciones sin la debida diligencia en muchos casos. Por último, la ley no recoge el derecho a la reparación de las víctimas y sólo se indemniza a las que acrediten haber sufrido una violencia que las incapacitara temporalmente durante más de seis meses.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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