martes, junio 17

La crisis aumenta la petición del salario social en Asturias


La recesión económica que padece todo el país y a la que Asturias tampoco escapa puede estar detrás del incremento en las solicitudes del salario social registradas en la región en los últimos meses. Sólo en lo que va de año el Principado ha recibido ya más de 700 peticiones nuevas de personas que solicitan acogerse a la renta mínima. Los datos fueron dados a conocer ayer en el Parlamento autonómico por Paulo González, director general de Prestaciones.

González subrayó que aún es pronto para valorar si este incremento guarda una relación directa con la desaceleración económica. El titular de Prestaciones subrayó que, de ser así, los efectos sobre la renta mínima se notarán más a partir del próximo año. No ocultó, con todo, que su departamento sí ha detectado un aumento en el número de solicitantes. El director de Prestaciones indicó que este incremento puede guardar relación, sin duda con la situación económica, pero también con una mayor información social.

Los datos facilitados ayer por el director general a los diputados revelan un incremento constante en el número de solicitudes. Así, y en números globales, desde la entrada en vigor del salario social, el 24 de noviembre de 2005, se han presentado 7.579 peticiones y han sido valoradas 7.323, un 97%. El pasado año se registró el mayor incremento en el número de expedientes, exactamente se tramitaron en 2007 un total de 2.298 solicitudes nuevas con respecto a 2006. Y en lo que va de año, siempre según los datos de Bienestar Social, se han contabilizado 708 demandas nuevas.

Paulo González subrayó que, a día de hoy, han sido resueltas favorablemente 6.123 peticiones que benefician, en sentido extenso, a 13.496 personas. El aumento de las prestaciones es exponencial en los últimos años. Así, se ha pasado de 932 en 2005 a 6.123 en 2007. El incremento es de un 686%. Este crecimiento tiene también efectos sobre el presupuesto. Bienestar Social cuenta con una partida de 18,8 millones para el pago de la renta mínima en el presente año. La percepción por unidad económica de convivencia, de un sólo miembro, ha pasado de 396,67 a 413,33 euros mensuales gracias a una subida del 4,2%. En lo que llevamos de año, según Paulo González, se han gastado ya 9,2 millones de euros. El pasado mes de mayo se superó una marca absoluta en la breve historia del salario social. El pago de las percepciones obligó al Principado a desembolsar 2,1 millones de euros frente a los 1,7 del mismo mes de 2007.

El perfil de la pobreza en Asturias, de acuerdo con los datos del salario social, revela que afecta predominantemente a las mujeres. El 63,37% de los perceptores son féminas. La media de edad de los beneficiarios está en 47 años, con una mayoría del 40% que tienen entre 25 y 44 años y un 31% de entre 45 y 64. Un dato especialmente relevante es la presencia significativa de ciudadanos extranjeros. A finales de diciembre, suponían el 5,06% del total de prestaciones, lo que casi duplica el peso de la población inmigrante sobre el total de empadronados en Asturias. La distribución autonómica de la pobreza, siempre según el salario social, afecta más a las comarcas de Avilés, Nalón y el Oriente y menos a Gijón, Oviedo, Caudal y el Occidente.
Fuente: JPZ/lavozdesturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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