«No es una mala madre. Sólo necesita ayuda, porque en su situación, con una minusvalía, le es difícil imponerse a su hijo». Los vecinos de Cimadevilla han decidido salir en apoyo de una convecina que se enfrenta a tres meses de cárcel, así como la retirada de la custodia. Su caso, ahora mismo visto para sentencia, está basado en su incapacidad para que su hijo de 12 años, alumno del colegio Jovellanos, acusa a clase. De 166 días lectivos, este curso el escolar ha faltado 97.
Sin embargo, para la entidad vecinal la petición del fiscal «es una barbaridad», puesto que «están tratando a esta madre como a una delincuente, cuando, lo que le ocurre es que no tiene el apoyo suficiente para imponerse a su hijo. Ella misma lo dice y, de hecho, pidió ayuda, pero no se le dio. O no la adecuada».
Así lo aseguró ayer a EL COMERCIO María José Pablos, responsable de la comisión de salud y servicios sociales de la asociación vecinal Gigia, quien anunció que la junta directiva «va a solicitar entrevistas, con carácter urgente, con la concejala de Servicios Sociales, Esperanza Fernández, y con el director del colegio Jovellanos, que impulsó este caso».
La asociación vecinal no comprende que se hable «de meter a una mujer con discapacidad en la cárcel porque su hijo de 12 años no quiere ir a clase. Incluso quieren quitarle la custodia. Y eso, cuando todos reconocen que, en el resto de la atención, el niño está perfecto. Su madre cumple. Sólo que él no quiere ir al colegio». En opinión de Pablos, la solución no es «separarlos o meterla en la cárcel», sino «ofrecerle la ayuda suficiente para que esto no se repita», porque, hasta ahora, «lo único que ha funcionado es el apoyo vecinal». El vecindario tiene claro de que la mujer encausada «es una superviviente, que siempre ha trabajado por sus hijos y que los ha cuidado muy bien», por lo que encuentra «desproporcionado» que se la esté acusando «como a una delincuente».
Fuente. Ch.T/elcomercio
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