miércoles, abril 2

Polémica por la acogida de un joven inmigrante


VARIOS COLECTIVOS DENUNCIAN QUE ESTA EN LA CALLE DESDE HACE 3 SEMANAS.

Un nuevo giro de tuerca en la política de acogida a los menores extranjeros no acompañados. En esta ocasión la polémica surge a la hora de determinar la edad de un joven marroquí procedente de Cataluña, que pasó unos días en la unidad de primera acogida del Materno-Infantil y que huyó ante el miedo de que trataran de expulsarle del país al considerar que era mayor de edad. Mientras que la Consejería de Bienestar Social asegura que no tiene constancia de que ningún adolescente extranjero con menos de 18 años esté en la calle, otros colectivos aseguran que vaga por Oviedo desde hace tres semanas. Aunque se trata de un solo caso, la diferencia radica en su fecha de nacimiento.

Los colectivos que amparan a este joven aseguran que lleva tres semanas vagando por las calles de Oviedo sin el respaldo de ninguna administración. Señalan que es un error lo que le ha dejado sin la cobertura legal prevista para los inmigrantes de su edad. A su juicio, ese fallo surge porque desde Cataluña, comunidad en la que había residido con anterioridad, llegó una documentación según la cual tenía 20 años y un informe antropométrico que así lo confirma. Sin embargo, él insiste en que nació el 21 de agosto de 1991, por lo que todavía no tiene 17 años. Con la intención de ayudarle, le han enviado al HUCA, donde unos nuevos test dicen que su estructura ósea se corresponde con la de un adolescente de 17 años.

Esta documentación será remitida por los colectivos que están tratando de ayudarle a la fiscalía del menor, para que reconsidere su situación y determine que es menor de edad, lo que le permitirá volver a acceder al sistema de acogida. Además, también han llamado a la puerta de la Procuradora General y a la del Defensor del Pueblo.

La versión de la Consejería de Bienestar Social es que no saben de ningún joven extranjero que no esté amparado por la administración, además de recordar que no son ellos los encargados de determinar la edad de los adolescentes que les llegan. Incluso señalan que si un particular o colectivo conoce algún menor inmigrante no acompañado puede guiarle para que acceda a las prestaciones que ofertan, lo que implica avisar a la policía para que levante un atestado y le traslade a la unidad de primera acogida.

Sin embargo, este adolescente no quiere volver en la situación actual. Asegura que cuando Asturias recibió los papeles de Cataluña que aseguran que tiene 20 años, la administración le informó que iba a abrirle un expediente de expulsión y que ese fue el motivo por el que, inmediatamente, abandonó la unidad de primera acogida en la que se había alojado. Así que los colectivos que les están ayudando prefieren realizar antes las gestiones ante la Fiscalía del Menor, para que reconozca con anterioridad que aún no ha cumplido los 18 años y que tiene derecho a las prestaciones.

Por su parte, el Ejecutivo quiere dejar claro que la consejera nunca ha decretado la expulsión de los menores extranjeros llegados hasta el Principado.

Fuente: SDM/La Voz

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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