martes, abril 22

Casi la mitad de las solicitudes estan por decidir.


Menos de la mitad de las solicitudes de dependencia recibidas han sido ya resueltas. Así lo indicó ayer la Consejería de Bienestar Social en una última actualización sobre la marcha de la ley. A 4 de abril, Asturias había recibido casi 17.000 solicitudes, había valorado casi 13.000 y había resuelto poco más de 7.500, un 46%. La Voz

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Mañana se cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, el llamado «cuarto pilar del Estado del Bienestar». Coincidiendo con esa fecha, el Principado informó ayer de que los técnicos de la Consejería de Bienestar Social ya han valorado el 78% de las solicitudes recibidas, 12.833 de un total de 16.292.

Del total de estas peticiones, el 56,04%corresponde a personas que tienen una gran dependencia (Grado III), aquellos que tienen derecho a percibir las prestaciones recogida en la ley este 2008, mientras que otro 23,9% son dependientes severos (Grado II), que también deberían estar recibiendo ya su ayuda. El 14,99% restante corresponde a dependientes moderados, calificados como de Grado I. Asimismo, el Principado ha emitido ya 7.507 resoluciones de grado y nivel que suponen el 46% de las solicitudes recibidas. Éstas corresponden a los solicitantes que ya han pasado por los órganos de valoración que tiene la consejería en las ocho áreas sanitarias asturianas.

Informe nacional

Las cifras facilitadas por el Gobierno regional contrastan con un informe sobre la situación de la Aplicación de Dependencia en España difundido por un medio de comunicación nacional, que sitúa a Asturias como la comunidad que peor ha aplicado la ley de atención a los discapacitados a los largo de esta año, con apenas 5.521valoraciones realizadas, apenas un 34,5% de las peticiones recibidas en la región, y con 3.737 dictámenes emitidos, el 23,35% de las solicitudes.

El informe sostiene además que el Principado ha registrado en este mismo período 70 altas en la Seguridad Social para atender a personas con dependencia, ancianos en su mayoría. Así, sólo Aragón, con 51 altas, Cataluña, con 45, La Rioja, con 34, Comunidad Valenciana (7), Castilla y León (1) y Canarias y Madrid, sin altas, se sitúan por debajo del Principado en este ranking.

En el conjunto de España se han recibido, según el mismo documento, 338.000 solicitudes y los equipos de valoración, formados por trabajadores sociales y sanitarios, han visitado como media al 67% de estas personas para determinar su grado de discapacidad y redactar un informe con la ayuda que les corresponde. El informe permite concluir también que la Ley de Dependencia marcha a 17 velocidades distintas, con el copago -lo que el ciudadano aportará de su bolsillo-, sin acordar, y sin criterios de calidad unificados en los centros que atenderán a los discapacitados. La mayor parte las personas que ya perciben ayuda con cargo a la ley ya estaban en geriátricos.
El Comercio/A.V

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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