No son enfermos mentales ni han tenido una infancia marcada por la violencia. Los agresores sexuales son individuos normales que tienen pareja, a veces hijos, y que están convencidos de que su víctima no sufre durante la agresión, e incluso creen que le gusta, por lo que no se sienten culpables ni se muestran arrepentidos.
El caso de Santiago del Valle ha puesto sobre la mesa las lagunas de la justicia. Pero para que esa persona acabe delante de un juez tiene que haber antes una denuncia. Y eso no siempre ocurre. Algunas víctimas prefieren callarlo, esconderlo. Aún así, cada año en Asturias se presentan en las comisarías más de 100 denuncias de víctimas que han sufrido algún tipo de abuso o agresión sexual. Sólo el año pasado se tuvieron constancia de 108 casos y un año antes fueron 110 las personas que decidieron acudir a la policía después de haber sido víctima de abusos. En los dos últimos años casi 13.000 personas los han sufrido y los han denunciado. Pero el dato no es fiable. Según fuentes del Ministerio de Interior "las cifras reales son más altas porque aún hay gente que no se atreve a denunciarlo". Aún así la media de los que llegan a los agentes ronda los 6.400 (hace dos años los datos oficiales eran 6.389 y el año pasado, 6.414).
AGRESION A NIÑOS Si los abusos son a menores de edad se estima que en España hay un 23% de niñas y un 15% de niños que sufren abusos sexuales antes de los 17 años. Pocos llegan a los tribunales. A lo sumo dos de cada diez. Hay un porcentaje de ellos que no se lo cuenta a nadie porque teme la reacción de los demás. Según las cifras del informe La infancia en cifras del Ministerio de Trabajo los menores de 13 años son los más expuestos a estos delitos. Las últimas cifras hablaban de que 1.560 niños de estas edades había sufrido alguna agresión sexual (1.345 tenían entre 16 y 17 años y 1.141 estaban entre los 13 y los 15).
En Asturias el Instituto de Infancia abrió durante el año pasado ocho expedientes por abuso sexual y dos por explotación sexual a menores. En estos casos la administración se hace cargo de la tutela del menor que puede pasar a vivir con otros familiares no implicados o si no los tienen son acogidos en centros del Principado.
Ahora mismo en la cárcel de Villabona hay 83 personas --todas ellas hombres-- que han cometido un delito de abuso o agresión sexual. Sólo hay 12 que son preventivos y que por tanto están en el centro penitenciario a la espera de que se celebre el juicio. Los otros 71 ya han sido condenados. La pena depende siempre del delito. El código establece castigos de entre uno a 15 años.
Los 71 agresores que ya están condenados por ello y los otros 12 que esperan no están aislados del resto de reclusos. Eso ocurre sólo en casos "especiales o significativos" como por ejemplo el de Santiago del Valle que ha tenido gran repercusión en la prensa. Según explican desde el centro penitenciario en esos supuestos o están separados del resto o se les busca un sitio en los módulos que sean menos conflictivos.
LA REINSERCION Durante ese tiempo que pasan privados de libertad el sistema prevé para ellos programas especiales que son voluntarios. En Villabona un psicólogo que ha tenido formación específica presta terapia a los agresores sexuales (cada curso está indicado para grupos de no más de 12 personas).
La labor de este profesional es fundamental en estos casos porque además de impartir el programa, unas semanas antes mantiene varias conversaciones con ellos para animarles e informarles del contenido del curso.
Según el único estudio sobre reincidencia en este tipo de delitos que existe en nuestro país, elaborado con internos de Brians (Barcelona), el 18% de los que no habían asistido a la terapia había vuelto a delinquir cuatro años después de cumplir la condena. La tasa bajó al 4,1% entre los que sí habían recibido tratamiento. Eso sí, una de las peticiones de los psicólogos que imparten los cursos es que se haga un seguimiento a los internos una vez que salgan a la calle.
En otros países las medidas son otras. En Estado Unidos cada agresor sexual que ha pagado su delito tiene que registrarse ante la policía de su Estado cuando sale de prisión. Además, la mayoría de estas listas son abiertas e incluso hay bases privadas donde pueden ver si tienen algún vecino con estos antecedentes. Pero no es un caso único de EEUU. En el Reino Unido el que comete un delito sexual queda marcado de por vida. Los agentes de ese país tienen un registro donde aparece el nombre de la persona que se clasifica según la peligrosidad y el riesgo que hay a que reincida. Es algo más restringido que el americano pero, por ejemplo, permite a las empresas que puedan conocer si una persona ha cometido una agresión sexual, de cara sobre todo a vetar a los pederastas a que trabajen en centros donde abundan los menores como puede ser el caso de un colegio o de un instituto.
Aquí en España el debate está abierto. El Magistrado de la Audiencia de Victoria y portavoz de Jueces para la Democracia Jaime Tapia considera que "igual que hay un registro de maltrato de género que ha dado algún resultado se podría pensar en tener uno con las sentencias o las medidas cautelares dictadas por los juzgados a las personas que ya han sido condenadas por estos delitos. Eso sí, considera que debería salvaguardar el derecho a la intimidad de manera que solo pudieran acceder los que tienen interés legítimo, es decir los jueces, fiscales y la policía. "Nos oponemos a que sean públicos porque hay gente que se rehabilita y de esa manera no se dejaría la puerta abierta a que comenzaran una nueva vida, a la reinserción".
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