El Gobierno Regional ha admitido errores en la Ley de Dependencia. Lamentaron haber animado a solicitar las prestaciones antes de que la reglamentación estuviera preparada, lo que no ha sucedido hasta noviembre de 2007, según la Consejería. Aún con las solicitudes pendientes, se ha comprometido a resolverlas en tres meses. |
TD 14/03/2008 - 15:24 |
Desde el Gobierno Regional han expresado su satisfacción por como se está desarrollando la Ley de Dependencia en Asturias. Eso sí, han admitido errores en su implantación por haber creado falsas expectativas sobre los posibles beneficiarios antes de tener los recursos suficientes. La Ley de Dependencia entró en vigor en abril de 2007. Desde entonces, en Asturias, se han presentado más de 15.000 solicitudes, de las que se han valorado el 60%. En total, hasta la fecha, se están beneficiando de las prestaciones de la Ley de Dependencia 5.000 personas. La aplicación de la Ley está siendo un proceso complicado. Desde la Consejería, se han puesto 3 meses de plazos para atender todas las solicitudes pendientes para recibir las prestaciones, como optar a una residencia, a un centro de día o recibir ayuda a domicilio. |
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sábado, marzo 15
El Gobierno admite errores en el desarrollo de la Ley de Dependencia
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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