domingo, marzo 23

¿Dónde van los beneficios?

El empresario inmobiliario Alfredo Santos García es, según informa "El País", presidente GINSO, ONG que gestiona el centro "Teresa de Calcuta", y al menos 2 reformatorios más en Andalucía. Como el mismo reconoce, através de esta organización "sin ánimo de lucro" obtiene para sus empresas personales millonarios contratos con los que edificar, comprar terrenos y gestionar los "centros de re-educación".

Mientras los chavales son maltratados y sus derechos humanos violados sistemáticamente, personas con nombre y apellidos se lucran a su costa.
Es interesante señalar que los sueldos que proporciona GINSO son de 900 euros mensuales aproximadamente (lejos los 2.500 que cobran quienes trabajan en reformatorios públicos del País Vasco). Parece que este empresario no quiere compartir beneficios ni siquiera con aquellos que colaboran con su negocio.

Accede diréctamente a la fuente aquí: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empresario/construye/reformatorios/traves/asociacion/animo/lucro/elpepisoc/20060523elpepisoc_3/Tes/

También en "El País", entrevistan a este empresario de la construcción y el encierro. Él mismo explica que el "precio" total del centro Teresa de Calcuta es de 157 millones de euros.

El título de la entrevista lo dice todo "Sería absurdo que no me contratase a mí mismo"
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Seriaabsurdocontratasem
Fuente: centrosychicos

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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