martes, enero 22

Nueve educadores de menores inmigrantes llevan a juicio a la Diputación de Vizcaya por su despido



Se incorporaron en la etapa más difícil del centro de Orduña, con errores en los contratos, y se quedaron sin trabajo al suspender una oposición . Seis sentencias dan la razón a los jóvenes y tres, a la institución foral
Nueve educadores sociales han demandado a la Diputación por despido improcedente después de trabajar durante seis años con menores inmigrantes. El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) les contrató en 2001, en la etapa más conflictiva del centro de Orduña, y en 2007 les dejó fuera del organigrama al no haber aprobado una oposición. En primera instancia, los jueces han dado la razón a seis de ellos tras detectar defectos de forma en los contratos y han dictado tres sentencias favorables a la institución foral. El pleito ha pasado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y las primeras resoluciones se esperan para febrero.
Aunque se trata de un conflicto laboral, está ligado a la atención a los menores extranjeros, un fenómeno que sorprendió a la sociedad vizcaína en 2001 y aún hoy pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Aquel año, el número de jóvenes extranjeros que llegaban al territorio histórico pasó de 59 a 371. Ante la saturación del centro de Loiu, 30 chavales fueron trasladados al colegio Gabriel María de Ybarra en Orduña. Hacían falta educadores, pero los trabajadores que estaban en las listas se negaron a cubrir esos puestos. (Leer Más)
Fuente: Estaya de la Educación Social

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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