martes, enero 15

Más de 4.000 preceptores del subsidio no han cumplido los 65 años. Bienestar "obligará" a seguir planes de inserción como condición para cobrar.

Ocho de cada diez perceptores del salario social en Asturias están en edad de trabajar. El dato figura en el balance de cierre del ejercicio de 2007 sobre la aplicación en el Principado de la renta básica. Las cifras, facilitadas por la Consejería de Bienestar Social, revelan además que el número de personas que consiguen dejar el subsidio es muy pequeño. Poco más de 300 el pasado año.

Paulo González, director general de Prestaciones, no quiere decirlo expresamente, pero deja entrever que, con las cifras en la mano, algo falla. El reglamento que desarrolla la aplicación del salario social, y que había dejado redactado el anterior equipo de la consejería, con Izquierda Unida al frente, se aprobará al final con ligeras modificaciones. González asegura que son sólo cuestiones "de matiz". La más importante hace hincapié en la obligatoriedad de seguir un plan individualizado de insePublicar entradarción laboral si se quiere seguir cobrando la prestación.

El balance de 2007 revela un incremento exponencial de los preceptores del salario social. El número de beneficiarios directos en 2006, incluyendo a los receptores del llamado entonces ingreso mínimo de inserción, fue de 2.129. Tan sólo un año más tarde, con la ley de salario social plenamente operativa, los subsidiados directos ascendieron a 5.275. El número total de beneficiarios, incluyendo los distintos integrantes de cada unidad familiar, superó ligeramente los 11.000.

A Bienestar Social, más allá del número de receptores, le preocupa su perfil. Los datos aportados por la dirección de Prestaciones apuntan que sólo el 20% de los beneficiarios reciben el salario social como complemento a una pensión no contributiva. El resto, casi 4.200, están en edad laboral. Paulo González aclara, pese a todo, que algunos de ellos sufren discapacidades que les impiden trabajar. No es, sin embargo, la norma habitual. Por tramos de edad, el mayor número de preceptores se sitúa entre los 25 y los 44 años. Por sexos, el subsidio en mujeres llega a casi a duplicar al de varones.

El salario social ha sido desde la discusión de la ley que lo hizo posible en el Parlamento autonómico objeto de discrepancias entre PSOE e IU, que formaban parte del mismo gobierno durante la anterior legislatura. A punto estuvo de hecho de hacer saltar el pacto por los aires. Los socialistas, que ahora gestionan la Consejería de Bienestar Social en un Ejecutivo monocolor, afirman que es necesario reforzar los planes de inserción laboral para evitar que los beneficiarios se instalen definitivamente en el subsidio.

EL EJEMPLO DE LA CAJERA Si una cajera de supermercado sabe que puede recibir casi la misma retribución sin trabajar gracias al salario social estará tentada de hacerlo. Es el sentir de algunos miembros del partido socialista. De ahí, la necesidad de hacer hincapié en los planes de inserción. El Principado llevará a la Junta un plan autonómico que pretende servir de marco para las distintas iniciativas de inclusión. Paulo González aporta datos sobre las personas que dejan el subsidio. A 31 de octubre de 2007, con el ejercicio aún por cerrar, Bienestar había tramitado 26 renuncias voluntarias y había extinguido 311 prestaciones tras comprobar que los beneficiarios del salario social estaban trabajando.

PABLO ZARIQUIEGUI/lavoz

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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