El juez archiva la demanda de un inmigrante contra la Policía Local

No ve indicios de abuso por parte de los agentes que le arrestaron.

El proceso judicial del polémico caso del inmigrante detenido en el Campillín por la Policía Local, que provocó una oleada de reacciones, ha comenzado. Después de tomar declaración a varios de los testigos, el juez ha decidido recientemente archivar la demanda presentada por el ghanés --aparece registrado en los archivos policiales con esa nacionalidad, aunque él afirma que nació en Senegal-- contra una agente del cuerpo de seguridad por un supuesto delito de abuso de autoridad.

El juez entiende que no existen indicios suficientes de que la demandada hubiera practicado una detención desmedida, tal y como aseguraba el demandante, por lo que ha decidido no abrir un procedimiento penal contra la demandante. Sin embargo, la abogada del inmigrante, Ana Taboada, presentó el martes un recurso contra esta decisión judicial.

AGENTES Por otra parte, el juez sí ha estimado la denuncia presentada por la Policía Local contra M.N. por un supuesto delito contra la propiedad intelectual --ya que presuntamente se encontraba en el Campillín vendiendo material audiovisual descargado ilegalmente de Internet-- y por otro delito de resistencia a la autoridad por supuestamente provocar lesiones en la mano de una agente y forcejear con los agentes.

Ana Taboada, que ejerce la defensa jurídica del ghanés en nombre del colectivo SOS Racismo, aseguró que sus testigos declararon que no vieron que el chico empujara a la agente, sino que ésta le puso la zancadilla y que su actitud fue "violenta" con el inmigrante. La polémica detención se produjo el 16 de diciembre del año pasado, en el mercado dominical del Campillín. El arresto desató las protestas de los testigos, que afirmaron que los agentes le habían golpeado ya esposado hasta dejarle inconsciente. La Policía Local arguyó que el detenido había golpeado a una agente.

Finalmente, el ghanés M.N. no se tendrá que enfrentar a la orden de expulsión que en un primer momento fue dictada por Delegación del Gobierno por encontrarse residiendo en el país de forma irregular. El inmigrante sólo tendrá que abonar una multa de 300 euros, que es la mínima sanción que contempla la ley. Según explicó ayer su abogada, Ana Taboada, esta decisión se enmarca dentro del "nuevo criterio más benevolente" de los jueces
Fuente:lavozdeasturias