María Isabel, la defensa de las lágrimas

«Sufrí mucho en este mundo: trabajé desde niña, por eso nunca fui a la escuela y no se leer ni escribir. Ahora sólo quiero morir tranquila en este piso que compré con sudor». Las palabras, ahogadas en llanto, son de María Isabel Antuña, una octogenaria que pasado mañana, jueves, día 11, se enfrenta a una audiencia previa en los Juzgados de Oviedo. El Gobierno regional, en concreto el ente Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), ha abierto diligencias judiciales en su contra con el fin de desahuciarla de la vivienda de protección oficial que adquirió en 1989. Alegan que debe 2.383 euros, que corresponden a veinte cuotas impagadas, y, en concepto de daños y perjuicios, le piden el pago de 11.589 más. María Isabel Antuña niega la mayor.

«Vivo sola, jamás le hice daño a nadie y ahora que estoy a punto de pagar este piso me quieren echar. Cuando más pobres, más injusticias. Sólo pido tranquilidad», decía ayer esta mujer que ve pasar la vida desde la ventana de su dormitorio, con vistas a una calle sin salida del barrio de La Magdalena. Sufre insuficiencia renal crónica y en 2001 le amputaron una pierna. Apenas distingue la denuncia de la publicidad del supermercado que llega a su buzón -el DNI lo firma con su huella dactilar-, pero se sabe de memoria los pagos que mes a mes y durante años sufragó a Vipasa. María Isabel Antuña cuenta con el apoyo de uno de sus hijos, Luis Aguado, y con el asesoramiento del despacho Amago Abogados. Su caso lo llevan los letrados Miguel Ángel Fernández y Arturo García.

Ambos abogados consideran «incierto» que María Isabel Antuña no aportara el pago inicial de la vivienda, que ascendía a 153.942 pesetas. Corría el año 1989. «Hemos encontrado el recibo en el que el entonces notario de Avilés, Enrique Santiago Rajoy, justificaba el pago de compraventa de la vivienda por lo que no podemos dar por válida la acusación que promueve el Principado», explicó García. Añadió, además, que María Isabel Antuña percibe una pensión de viudedad por importe de 526 euros. «Ello explica que, necesariamente, hayan existido ciertos desajustes y retrasos en el cumplimiento de los pagos, pero es de subrayar que en ningún momento ha habido voluntad obstativa (de oposición) al pago; sencillamente sus ingresos son mínimos», destacó.

Los letrados, por otra parte, cifran la deuda de María Isabel Antuña con el Principado en 1.431 euros, 952 menos que el Gobierno regional. En cuanto al dinero que pide Vipasa en concepto de daños y perjuicios al no poder alquilar ni disponer del inmueble durante más de 18 años y el deterioro sufrido por la vivienda, los abogados de la defensa afirmaron que tal exigencia económica carece de soporte probatorio. Con todo esto, los letrados de la avilesina María Isabel Antuña pedirán el jueves en el Juzgado de Oviedo que se desestime íntegramente la demanda.

«No se trata de un contrato entre dos partes privadas, sino que una de ellas es la Administración pública, con una incuestionable vocación de servicio público al ciudadano. Hay que tener en cuenta que este piso se adjudicó a nuestra cliente precisamente por falta de recursos económicos», sentenciaron los letrados.

María Isabel Antuña, mientras tanto, vive ajena a los trámites judiciales, pero es consciente de que el jueves su futuro se decidirá en Oviedo. Más allá del portal número 4 de la calle Luis Bayón le espera la calle. Nadie le ha ofrecido por el momento una alternativa al desahucio. Por eso, desde hace meses apenas duerme, sólo llora. En su vivienda aún cumple como ama de casa. «Si me quedo quieta la enfermedad me puede, así que cada día hago la comida y mi cama. Algunos días a la semana viene una asistente, pero yo estoy fuerte, aunque en una silla. Sólo quiero tranquilidad, por favor», suplicó esta mujer.

Su hijo trabaja la mayor parte del año en el extranjero y no encuentra consuelo para su madre. Repite hasta la saciedad: «Esto es una injusticia que no hay quien entienda». Su madre, mientras tanto, le pide más bien inquieta: «Yo quiero morir aquí»