Bienestar admite la entrada en el sector público de compañías con ánimo de lucro.

Ya lo hace Esperanza Aguirre en Madrid. El modelo de financiación pública, gestión privada que la comunidad madrileña aplica ya a sus nuevos hospitales podría llevarse a cabo en Asturias con los servicios sociales. El dato se puso de manifiesto ayer durante la comparecencia de Teresa Ordiz, viceconsejera de Centros, Familia, Infancia y Mayores. Ordiz, que acudía al Parlamento autonómico a petición de Izquierda Unida, indicó que no está previsto un cambio de modelo en la gestión de los servicios sociales en Asturias. La viceconsejera, ya en el turno de preguntas, dejó claro, sin embargo, que es más que probable que la futura residencia de Sotrondio sea gestionada por una empresa privada.

Esta posibilidad, de llevarse a efecto, supone una novedad sobre el sistema actualmente en vigor. Ordiz defiende, en sintonía con el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, la coexistencia de un sistema mixto de servicios sociales. La viceconsejera citó, en concreto, que hasta ahora perviven cuatro iniciativas de gestión diferentes: directa a través del ERA, indirecta mediante convenios, indirecta mediante licitación pública y concierto de plazas con el sector privado. Dicho de forma más sencilla, hasta ahora, los servicios propiamente asistenciales de los centros sociales son gestionados por el ERA, por entidades sin ánimo de lucro, tipo Fampa o Mensajeros de la Paz, o mediante el concierto de un número determinado de plazas con geriátricos privados. La diferencia, que podría comenzar con el nuevo centro polivalente de Sotrondio, reside en que por primera vez un geriátrico construido con fondos públicos podría cederse para su gestión a una empresa privada como Eulen o Mapfre.

La viceconsejera, a preguntas de la diputada de Izquierda Unida Noemí Martín, comenzó reiterando que la situación de prórroga presupuestaria que sufre el Ejecutivo autonómico explica que Bienestar, a través del ERA, carezca de los medios económicos para acometer la gestión del nuevo recurso. Ordiz se desdijo después, dado que el crédito extraordinario aporta fondos adicionales, y acusó prácticamente a Izquierda Unida de haber obligado a la Consejería de Bienestar Social a externalizar la gestión del nuevo centro polivalente de Sotrondio. La viceconsejera se escudó en el ya famoso convenio suscrito en febrero de 2007 entre la consejería, cuando la capitaneaba Laura González, de IU, y la sociedad pública Sedes S.A.

Ordiz recordó, una vez más, que el acuerdo entre ambas partes, a diferencia de los anteriores, no otorga un derecho preferente a Bienestar Social para decidir asumir en arrendamiento la nueva residencia. Martín se defendió señalando que está pendiente de firma la adenda del convenio en la que existe la opción para que el ente público ERA se haga cargo de la gestión. De hecho, la diputada de Izquierda Unida llegó a solicitar a la viceconsejera, sin obtener una respuesta, el texto que figurará en la adenda que podría aclarar el futuro del nuevo centro. Martín recordó también que ninguna de las residencias abiertas durante la legislatura anterior se dejó por lo que respecta a los servicios asistenciales en manos privadas. La portavoz de IU reclamó al Ejecutivo la valentía suficiente para asumir políticamente su decisión.

Fuente: Lavozdeasturias/PJZ

Sin embargo, la versión de la diputada de IU-BA-LV fue desmentida inmediatamente por la viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores, Teresa Ordiz, que compareció tras Caicoya. Según explicó, «ya en la pasada legislatura, ustedes -en referencia a la coalición, que gestionaba la Consejería de Bienestar Socia- privatizaron no sólo los servicios de comedor, lavandería y limpieza de los centros que abrieron, sino que, en el caso de Teverga y Salas, la gestión».

La número dos de Bienestar Social, además, defendió la decisión por razones de eficacia. La titularidad pública de unas instalaciones, adujo, «no es garantía de una mejor atención» a los residentes. Estas palabras de Ordiz, así como su insistencia en formular sus propias preguntas a la diputada, sirvió para que Martín calificara de «esperpéntica» su comparecencia, ante lo que consideró «falta de ética» por comparar la entrega de la gestión a organizaciones sin ánimo de lucro, «como en Teverga y Salas», con la entrega «de un centro público a una empresa privada».
Fuente: CH.T./elcomercio