El último gran favor de Zapatero a España: que quede claro quién manda aquí

Hace meses que anticipé (Entre estafa y estafa le quitan la vivienda a la gente ) que el gobierno indultaría al banquero delincuente Alfredo Sanz, consejero Delegado del Banco de Santander, así que no me ha extrañado que lo haga, aunque debo reconocer que el hecho de hacerlo de una manera tan vergonzante y desvergonzada, ya en funciones después de las elecciones, ha superado todas mis expectativas.
Estaba ya indignado de antes, pero ni siquiera así he podido impedir que aumente mi rabia en el momento en que conocía la decisión del Ejecutivo. Aunque la verdad, no sé si ahora mucho más que cuando en estas últimas semanas ha ido tomando otras medidas de última hora dirigidas a concederle favores añadidos a los bancos, para aliviar sus responsabilidades incluso penales, para darles más facilidades a sus negocios y para que sigan actuando frente a sus clientes con la prepotencia y la desvergüenza con que lo vienen haciendo. En suma, para aumentar el poder económico y financiero del que la banca española dispone.
A pesar de que estaba seguro de que el indulto se iba a producir, no puedo evitar indignarme cuando compruebo que a quienes han provocado la situación en la que estamos y engañado a miles de personas se les dan favores o se les salva o indulta y en lugar de obligarles a que hagan frente a sus responsabilidades se les conceden nuevos privilegios, mientras se deja sin protección a los afectados por sus estafas o no se hace nada para impedir que docenas de miles de personas tengan que abandonar sus viviendas por la voracidad de esos mismos banqueros delincuentes.
Lo que acaba de hacer el gobierno del Partido Socialista es una felonía ante el pueblo español. No ha sido la única, ni siquiera en estas última semanas, pero sería por sí misma suficiente para que pase a la historia como un gobierno traidor. Se le podría perdonar su impotencia ante poderes más fuertes pero nunca un pisoteo tan grande a las reglas más elementales de la justicia como el que supone este indulto, pues supone pasarse por la entrepierna de la manera más descarada el principio de igualdad de todas las personas ante la ley.
En cualquier caso es una ingenuidad creer que el asunto es solo obra del gobierno. Aunque no haya sido la que ha dado el indulto, la administración de justicia también tendría mucho que decir. No entro en la gravedad de la pena impuesta pero sí en la sorprendente decisión del tribunal que permitió su suspensión por si se producía el indulto solicitado, un criterio de favor de consecuencias hasta irrisorias si se generalizase por los jueces que condenan a los delincuentes. Y, también, por supuesto, también tendría que decir algo el Banco de España que, al permitir que Sáenz siguiera ejerciendo como banquero a pesar de estar condenado en firme, se ha vuelto a comportar, como en tantas otras ocasiones, no como el servidor de los intereses públicos que debería ser sino como el cómplice de los banqueros privados.
Según informó El Confidencial, hasta los inspectores del Banco de España han denunciado en un comunicado que no se ha cumplido con la legislación bancaria que obliga a separar del cargo a los ejecutivos sin honorabilidad por haber condenados, tal y como establece el Real Decreto de 1995 al imponer que "se entenderá que carecen de tal honorabilidad [requisito para ser consejero o director general] quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley Concursal".
En este saco de complicidades necesarias se encuentran también los medios de comunicación que han pasado por alto o con extraordinario disimulo los antecedentes del caso, para evitar crear el caldo de cultivo de indignación social que hubiera impedido el indulto. Y, por supuesto, los partidos mayoritarios, el Partido Popular que solo muestra su posición con la boca chica, y por supuesto el Partido Socialista que una vez más calla para deja actuar a su secretario general como césar neoliberal y omnipotente al servicio de los banqueros. El gobierno se ha saltado a la torera los informes negativos emitidos en su día por la Fiscalía o por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tomó por unanimidad de sus cinco magistrados la decisión de “desaconsejar” el indulto a Alfredo Sáenz. Simplemente se ha limitado a ponerse a los pies de Botín, eso sí, haciéndole a toda España un último favor: mostrar de manera bien clara, para que no le quede duda a nadie, quién manda aquí y a quién hay que quitar el poder para que las cosas funciones de otro modo, para que no se sigan cometiendo los desmanes y las injusticias que estamos sufriendo, para poder salir del túnel en el que estamos y para que votar cada cuatro años no sea nada más que una pantomima.
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